Por: Guillermo Alvarado

Cantado como el País de la Eterna Primavera por el permanente verdor en su follaje y paisaje multicolor, Guatemala en realidad hoy día semeja a una nación donde las malas artes y la corrupción más rampante se han instalado con el ánimo de perdurar, en desmedro de la calidad de vida de su población, víctima de un constante despojo.

Muestra de ello es el escándalo que detonó esta semana cuando el expresidente Álvaro Colom, y diez de sus ministros fueron detenidos por sospechas de que participaron en la defraudación de 35 millones de dólares en la implementación de un sistema de transporte público en la capital del país.

De acuerdo con los datos aportados por el Ministerio Público, el jefe de Estado y varios de sus ministros firmaron un acuerdo que permitió transferir a empresas privadas cuantiosos fondos públicos para su uso en la creación del denominado Transurbano, supuestamente llamado a resolver el problema crónico del traslado rápido y seguro de cientos de miles de personas en la urbe.

Esas firmas no sólo se beneficiaron de estas transferencias, sino que recibieron subsidios y el Congreso de la República les exoneró del pago de impuestos y, no obstante, el viaje de ida y vuelta de los guatemaltecos a sus trabajos o centros escolares se mantuvo como el calvario cotidiano de las últimas décadas, porque en la práctica el Transurbano nunca fue operativo.

El dinero, en cambio, fue a parar a cuentas particulares y buena parte de los equipos que se compraron se convierten en chatarra en las bodegas.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, dijeron que están pendientes varias capturas y las investigaciones continúan, por lo que el número de implicados podría ser aún más amplio.

Uno de los detenidos es el extitular de Finanzas, Alberto Fuentes Knigth, quien al momento de su arresto ocupaba un alto cargo en la organización humanitaria Oxfam, envuelta también en un escándalo de delitos sexuales cometidos en Haití.

Si bien el caso es grave, difícilmente sorprende a los guatemaltecos, que han visto a otros gobernantes envueltos en situaciones similares.

Tal el caso de Alfonso Portillo (2000-2004), quien en 2010 fue detenido por lavado internacional de dinero y luego extraditado a Estados Unidos donde cumplió dos años de prisión. Más reciente ocurrió la caída del expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, vinculados a fraude fiscal y aduanero que les habrían reportado sumas millonarias. Ambos están en prisión y aguardan que se celebre el juicio donde podrían recibir severas condenas.

Pero estas cosas no sólo ocurren al más alto nivel, muchos alcaldes, diputados y otras autoridades con frecuencia son señalados de irregularidades administrativas o financieras de todo tipo, como si en Guatemala el ejercicio de cualquier cargo implicase necesariamente la posibilidad de estafar, defraudar o robar.

Son delitos aún más graves porque se trata de un país pobre y con profundas desigualdades, donde millones de personas carecen de acceso a la salud, la escuela, agua potable, energía eléctrica y otros beneficios, mientras sus servidores, porque eso es un funcionario público, llenan sus bolsillos con impudicia y descaro. FIN