Por María Josefina Arce

Cuba ha dado un importante paso para la preservación y el uso racional del agua, un valioso recurso natural renovable pero limitado, pues en el archipiélago depende fundamentalmente, de las lluvias y para nadie es ajeno la intensa sequía a la que hemos estado sometidos en los últimos años.

La Ley de las aguas terrestres y su Reglamento, que entró en vigor a mediados del pasado mes, se inscribe en los esfuerzos del estado cubano por garantizar a la población el acceso al preciado líquido, esencial también para la economía por su uso en la agricultura e industria, entre otras ramas.

Recordemos que el uso del agua estaba regulado en la Mayor de las Antillas por un acuerdo del 2012 del Consejo de Ministros, que estableció su política nacional, hasta que un año después comenzaron las labores legales para redactar lo que constituyó el Proyecto de Ley de las Aguas Terrestres, y que responde a los Lineamientos adoptados en el Sexto y Séptimo Congresos del Partido Comunista de Cuba.

Aprobada en julio último por el Parlamento cubano, le legislación es resultado de un profundo estudio por un equipo conformado por especialistas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Universidad Tecnológica José Antonio Echevarría y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, entre otras instituciones.

Pero es fruto también de la amplia participación popular en la discusión del proyecto, a través de las redes sociales y el correo electrónico. Numerosas fueron las inquietudes y sugerencias de la población que aportó ideas valiosas al texto.

De acuerdo con Inés María Chapman, directora del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, más del 30% del texto original cambió a partir de las opiniones de los ciudadanos.

Los principales objetivos de la legislación son ordenar la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres, en función del interés general de la sociedad, la salud, el medio ambiente y la economía.

Se busca establecer las medidas para la protección de las aguas terrestres sobre la base de su planificación y preservación, y para reducir las afectaciones por la incidencia, fundamentalmente, de los eventos hidrometeorológicos extremos.

Esta ley abarca temas novedosos, a tenor con las transformaciones en que está inmerso el país, como el registro de las aguas terrestres, las, concesiones y autorizaciones para la inversión extranjera, organización de las cuencas hidrográficas, y el tratamiento a los cuentapropistas y cooperativas.

Las autoridades apuntan que es significativo que la normativa recoge toda la gestión del agua potable y su saneamiento, lo cual se encuentra en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También determina los responsables de proteger y cuidar del líquido, y de enfrentar las indisciplinas sociales, así como los factores y actores que están relacionados con el recurso y cómo utilizarlo con un impacto positivo en la sociedad.

De gran interés para todos los cubanos es la entrada en vigor y cumplimiento de la Ley de Aguas Terrestres, teniendo en cuenta la configuración geográfica de nuestro país y la ausencia de grandes y caudalosos ríos, a lo que se añade los largos periodos de sequía que afectan a varias regiones.

Gestionar de manera planificada y racional el agua es un imperativo, por ser un elemento esencial para la vida, de ahí la importancia de esta legislación que, en opinión de los especialistas, recoge la experiencia de Cuba en el empleo de este recurso, así como el conocimiento de fenómenos como el cambio climático, con la premisa de que no se comprometa el acceso al agua potable para las próximas generaciones.