Por María Josefina Arce.

Panamá ha registrado en los últimos años un significativo crecimiento económico que, sin embargo, no llega a toda la población. De acuerdo con la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el país istmeño es uno de la región con peor distribución de la riqueza.

De hecho son muchas las familias que no cuentan con servicios sanitarios y agua potable, mientras un 11% de la población sufre de desnutrición, 19% no se alimenta adecuadamente y otro 11% vive en casas con pisos de tierra

Y es que el porcentaje del Producto Interno Bruto que invierte esa nación en gasto público social, como salud, educación, vivienda y seguridad social, es uno de los dos más bajos de América Latina y el Caribe.

Así tenemos que Colón, una de las provincias que más tributa anualmente al Producto Interno Bruto de Panamá, por contar con la famosa zona franca y con importantes puertos, está entre las más pobres del país istmeño.

Precisamente la ciudad de Colón, ubicada en la provincia del mismo nombre, ha sido noticia en las últimas horas por el paro realizado para exigir mejoras sociales y económicas y contra el plan de renovación de la urbe que lleva a cabo el gobierno. La protesta fue matizada por algunos actos de vandalismo y la fuerte represión policial contra los manifestantes.

El líder del movimiento, Edgardo Votier, explicó que la movilización ha sido en demanda de soluciones 'profundas' a problemas graves como la atención de salud y la educación pública.

Los manifestantes también protestaron contra la falta de infraestructuras que padece la provincia, en especial de agua potable, y contra la violencia que anualmente se cobra decenas de víctimas.

El Frente Amplio por Colón, una plataforma donde convergen varias organizaciones civiles, denunció que la renovación urbana que impulsa el Gobierno panameño esconde un proceso de gentrificación, que pretende la transformación de un espacio urbano deteriorado, pero que tiene como consecuencia directa un aumento de los alquileres o del coste habitacional.

Esto provoca que los residentes tradicionales abandonen el barrio, lo que produce que este 'nuevo' espacio termine por ser ocupado por clases sociales con mayor capacidad económica.

Para los habitantes de Colón el gobierno del presidente Juan Carlos Varela busca 'privatizar y elitizar la ciudad de Colón', tal y como ha ocurrido en el casco antiguo de la capital panameña, donde ya solo pueden vivir 'ricos y extranjeros'.

La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón manifestó su solidaridad con los pobladores que han sido afectados por el cierre de negocios, disminución de la calidad de vida, desempleo, problemas de agua potable y por el estado en que se encuentra la ciudad.

La renovación de Colón fue adjudicada en junio de 2015 al consorcio Nuevo Colón, formado por la empresa panameña Constructora Urbana y la conocida compañía brasileña Odebrecht, inmersa en un sonado escándalo de corrupción que abarca a varios países del área.

Con justeza piden una mayor inversión social los pobladores de la provincia panameña de Colón, que durante el período 2007-2014 aportó, en promedio, el 11.4% del Producto Interno Bruto del país, convirtiéndose en la segunda economía de mayor contribución a este indicador.