Por Tony López R (*)
Las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos Calderón sobre Venezuela al afirmar que el éxodo de venezolanos hacia Colombia es el más grave problema que tiene su Gobierno, es casi como un chiste o parece una mediocre declaración de un operador político de medio pelo y no la de un Jefe de Estado.
Al hacer tal afirmación el Presidente está desconociendo, que más bien Venezuela es la que debía haberse preocupado por la migración de cerca de 3 y medio millón de colombianos hacia Venezuela durante los últimos gobiernos presididos por el conservador Andrés Pastrana, el ultra derechista Álvaro Uribe y durante sus dos mandatos que concluyen el próximo 7 de agosto.
Los problemas más grave de Colombia no pasan por la cacareada migración de venezolanos hacia Colombia, sino por la grave crisis económica que vive esa Nación y que tiene en el desempleo uno de sus más serios problemas, que aunque oficialmente, lo ubican en un 10 por ciento o sea un poco más de 3,5 millones de desempleados, otras entidades y Centros de Estudios Políticos y Sociales, incluidos los vinculados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) señalan que el desempleo en Colombia fluctúa entre un 18 a un 20 por ciento.
Santos debía preocuparse por la grave crisis que en la actualidad tiene el sector campesino y que amenaza con un gran paro y exigirle que cumpla con los acuerdos contraídos con ellos.
Le debía preocupar la gravísima crisis con el incumplimiento de los Acuerdos a La Habana, engañando no solo a su pueblo, a la Comunidad Internacional, a los países garantes y observadores, a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad, en un tema tan importante para Colombia y América Latina y el Caribe como es la paz en su país y la región. Pues aunque lo quieran ocultar es muy claro que Colombia está hoy lejos de alcanzar la anhelada paz, de lo contrario no se estuvieran produciendo el accionar criminal del paramilitarismo con el evidente apoyo de sectores de extrema derecha, políticos, empresarios, latifundistas, narcotraficantes, sino como explicar que desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, se hayan producido el asesinato de más de 50 ex guerrilleros, 150 dirigentes populares y comunales, y que los paramilitares hayan ocupado los territorios que antes ocuparan la guerrilla de las FARC.
De acuerdo al artículo publicado por Rebelión este 13 de marzo bajo el título: “De que posconflicto hablan los señores de Estado y señalan: “En los últimos cuatro años se registran 18 desapariciones forzadas, 126 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, 560 agresiones individuales, 532 asesinatos y 2.374 amenazas, 305 atentados, 171 detenciones arbitrarias. En el año 2017 se registran: 126 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, 560 agresiones individuales. En los 64 días del año 2018 han sido asesinados 14 dirigentes sociales y llegan a decenas las amenazas”.
Está carencia de seguridad ciudadana arriba apuntada, demuestra que este si es un grave problema para el Gobierno colombiano, pues se asoma la existencia de una política de terrorismo de Estado.
Otro de los graves problemas que tiene el gobierno colombiano, es el asentamiento de siete o más bases militares del Ejército de los Estado Unidos en su territorio y que pueden ser utilizadas contra cualquier país de la región y que hoy apuntan contra Venezuela.
El esclarecimiento por parte del Gobierno colombiano y la Fiscalía General de la República a la Corte Penal Internacional del asesinato de un poco más de 3000 jóvenes colombianos, víctima de la llamada política de falsos-positivos, cometidas por agentes del Estado, durante el gobierno de Uribe Vélez y Santos como ministro de Defensa. Este es un serio problemas y los familiares de las victimas están pidiendo justicia.
Con las declaraciones del Presidente colombiano sobre Venezuela, es evidente que se ha convertido en el operador político de Estados Unidos para crear las condiciones que permitan la intervención militar en ese país hermano.
Es evidente que el presidente Santos Calderón y su estrategia es la de acallar sus graves problemas internos y atizar la confrontación interna en su vecino país, en función de crear las condiciones que permitan la intervención “humanitaria“, de una coalición militar apoyada por la OEA, derrocar al gobierno legítimamente constituido de Nicolás Maduro y establecer el gobierno “democrático” al servicio de los Estados Unidos.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional
