Por María Josefina Arce

Sin haberse repuesto de los daños ocasionados por el paso del huracán María en septiembre pasado, los puertorriqueños se enfrentan hoy a la decisión de las autoridades de la isla de llevar a cabo una supuesta reforma educativa y que esconde un plan de privatización de ese sector.

Los educandos paralizaron sus labores en las últimas horas para protestar por el plan del gobernador Ricardo Roselló, quien pretende poner en práctica las llamadas escuelas charter, una iniciativa tomada de Estados Unidos, donde funciona desde hace más de dos décadas y que como han reconocido las autoridades puertorriqueñas ha tenido resultados inconsistentes.

Las llamadas escuelas "charter"son instituciones públicas administradas por organizaciones privadas y aunque se supone que acepten a cualquier estudiante que quiera inscribirse la realidad es que el proceso es mayormente selectivo.

Los maestros señalan que con ese tipo de centro educativo se perderán derechos laborales, al tiempo que conllevará al cierre de más de 300 escuelas y el despido de unos 7,000 maestros transitorios.

También afirman que se irá al traslado masivo de maestros permanentes, el hacinamiento de estudiantes en sus salones y la reducción de la oferta académica.

Por demás, señalan que se perderá calidad en la enseñanza pues los educadores de estas instituciones no tienen que estar altamente cualificados por lo que reciben un salario menor y no obtienen otros beneficios.

Los alumnos por su parte, deben pagar el transporte, pierden el comedor escolar y deben comprar o alquilar los libros de textos, pues en estos centros se invierte menos en material escolar.

Es un negocio, apuntan los maestros puertorriqueños, pues se supone que las autoridades entregan una cierta cantidad de dinero por cada estudiante matriculado, y cuando alguno de ellos abandona la escuela, se retiene ese fondo.

Aunque el paro logró paralizar las labores en gran parte de las escuelas, el Senado aprobó el proyecto gubernamental, que ya había sido sancionado por la Cámara de Representantes, sin tener en cuenta los reclamos de los educadores.

La reforma también implica los denominados vales educativos, que se otorgan a los estudiantes de escuela pública para que paguen por su educación en escuelas privadas, y que ya fueron declarados inconstitucionales en 1993 por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Los educadores han convocado a una marcha para el venidero día 24 en protesta por la aprobación por el Congreso de una reforma que no mejorará el sistema educativo del país, sino que irá a su privatización, que lo convertirá en un negocio para los empresarios.

En opinión de muchos el proceso para aprobar una reforma educativa que verdaderamente transforme el sistema docente puertorriqueño debería contar con la participación de todos los sectores y las comunidades que día a día laboran para sacar a las escuelas adelante.