Por María Josefina Arce

Los ataques contra los inmigrantes fueron una constante en la campaña electoral del presidente norteamericano, Donald Trump, quien en su primer año de mandato siguió con su discurso agresivo. Pero el mandatario ha ido más allá y sus acciones revelan el marcado carácter xenófobo de su administración.

Además de limitar la entrada a territorio estadounidense de ciudadanos procedentes de naciones musulmanas, de reforzar la presencia militar en la frontera con México y de persistir en su idea de construir un muro, en septiembre pasado anunció el fin de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, un programa puesto en marcha en 2012 por su antecesor Barack Obama.

La medida de Obama aunque no ofrece un estatus legal permanente ni supone un paso para obtener la ciudadanía estadounidense, concede protección legal contra la posibilidad de ser deportados, según fuentes oficiales, a casi 700 mil jóvenes, llamados ‘soñadores’.

La acción de Trump ha chocado con el rechazo de muchos y en los últimos días el juez John Bates, de la Corte del Distrito de Columbia, ordenó al gobierno reactivar el programa a favor de jóvenes inmigrantes sin documentos, con la admisión de nuevos solicitantes.

El letrado exigió también que se siga renovando el permiso de los actuales favorecidos por la iniciativa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, lo cual fue saludado por organizaciones de derechos humanos.

Bates consideró que la decisión del gobierno de poner fin a DACA se realizó sin explicaciones ni se ofrecieron justificaciones, por lo que la consideró "arbitraria", "caprichosa" e "ilegal".

No obstante, Bates congeló durante 90 días la aplicación de su fallo para dar así la oportunidad a las autoridades de justificar la suspensión del programa. Si no se presentan novedades relevantes, el gobierno "deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de DACA, así como las renovaciones" pasado ese período de tiempo, decidió el juez.

El fallo se suma a la presentación de varias demandas y a la decisión en enero pasado de dos jueces federales de California y Nueva York de que se mantenga el programa.

Si no fuese por estos fallos judiciales , un promedio de 122 jóvenes beneficiarios del DACA quedarían diariamente sin papeles, amenazados de deportación, afirmaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

La inmigración es un tema sensible y siempre presente en la sociedad norteamericana, la cual en gran parte apoya la legalización de los llamados indocumentados, pues reconoce su valioso aporte al desarrollo del país.

La gran mayoría de los receptores de DACA han estudiado y tienen trabajo, de acuerdo con los datos recogidos en una encuesta en línea por el Centro para el Progreso Americano.

De hecho, apunta el Centro, si los actuales beneficiarios de DACA perdieran sus permisos de trabajo, muchos estados podrían ver un enorme efecto en sus economías  y California sería golpeado más duro que cualquier otro estado, pues perdería un estimado de 11.600 millones de dólares en producto interno bruto.

Pero la situación es bien compleja. Obama nunca pudo cumplir con su promesa de una reforma migratoria por las trabas impuestas en el Congreso, y ahora Trump arremete de lleno contra los indocumentados, a los que califica de criminales y violadores.