Por: Guillermo Alvarado

Falta un mes y medio para las elecciones generales de México, calificadas como unas de las más importantes en casi un siglo, y crece la preocupación dentro y fuera del país por la creciente violencia que existe y se recrudece ante la inoperancia de los organismos de seguridad y justicia.

Precisamente este martes 15 de mayo se cumplió el primer aniversario del asesinato en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, del periodista Javier Valdez, un especialista en investigaciones sobre el crimen organizado.

En doce meses lo único que ha logrado el gobierno es capturar hace unas semanas a un sospechoso de participar en la ejecución del comunicador, pero todavía está lejos de identificar a los autores intelectuales de un crimen que se ha convertido en un icono de la violencia desatada contra la prensa.

De acuerdo con diferentes fuentes, el año pasado ocurrió en México el número más elevado de asesinatos contra periodistas, con 13 casos, cifra superior a la registrada en Afganistán, con 11; Iraq, con igual cantidad y Siria, con 10. La diferencia es mucho más grande si se considera que los últimos tres países viven un conflicto armado de gran intensidad.

El inicio de la campaña electoral, como era de esperar, no hizo sino agudizar el problema de la violencia pues del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este año, en los primeros siete meses de la contienda, ocurrieron 173 ataques directos contra candidatos u activistas políticos, entre ellos 78 asesinatos.

En este ambiente, causó estupor el llamado de José Antonio Meade, candidato del Partido Revolucionario Institucional, actualmente en el poder, de frenar a como dé lugar al opositor y primero en las encuestas de intención de voto, Andrés Manuel López Obrador, incluso utilizando grupos de choque, como “Antorcha campesina”.

La violencia electoral es un grave obstáculo para el desarrollo de un proceso limpio y democrático porque inhibe por medio del miedo a candidatos y votantes a participar en el evento.

Pero esto es solo una parte de un clima generalizado de terror que se instaló desde que el expresidente Felipe Calderón acató la imposición de Estados Unidos de librar en el territorio de la nación latinoamericana el combate a las mafias del narcotráfico y otras formas de crimen organizado, desatando así una guerra interna que nadie reconoce pero cuyos resultados están a la vista.

En 12 años murieron por lo menos 20 mil mexicanos y decenas de miles están desaparecidos, la inmensa mayoría de ellos inocentes, como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una mancha indeleble en la gestión de Enrique Peña Nieto.

El “México bronco” se ha desatado y nadie en el gobierno parece capaz de contenerlo. Peor aún, por momentos da la impresión de que no existe ninguna voluntad de hacerlo.

Enterrada parece aquella sentencia del primer, y único hasta ahora, presidente indígena de ese país, Benito Juárez, llamado “El benemérito de las Américas”, quien afirmó que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y el primer derecho, recuerden amigos, es precisamente el de la vida.