Por: Roberto Morejón

Luis Almagro, quien recibe un jugoso salario solo por sabotear a Venezuela, maniobra nuevamente bajo el manto de la OEA que encabeza para llevar a Caracas a la Corte Penal Internacional con fantaseados argumentos.

El secretario general de la desacreditada entidad hemisférica envió a esa instancia un informe sobre supuestos delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano durante las llamadas guarimbas, nombre con el que se conoce el intento de opositores de incendiar al país.

Los que apostaron por derrocar por cualquier vía al presidente Nicolás Maduro mezclaron a grupos delincuentes con algunas protestas antigubernamentales, ordenaron saquear comercios privados y calcinar a probables simpatizantes del chavismo.

En un avieso ejercicio de malabarismo, Almagro con el apoyo de fuerzas de derecha latinoamericana que junto a Estados Unidos desestabilizan a Venezuela, intentan mostrar los hechos violentos de 2017 en ese último país como inocuas protestas, reprimidas rígidamente por el gobierno.

Almagro decidió la creación de un equipo subordinado, cuyos integrantes son presentados como alegados “expertos”, a fin de inventar un oprobioso  texto para endosar supuestos excesos de los agentes del orden en Venezuela durante las guarimbas.

Curiosamente, el documento arreglado por Almagro y sus amanuenses se basa en la versión retorcida brindada por la fugitiva ex fiscal venezolana Luis Ortega.

La ex funcionaria huyó de su país para eludir presentarse ante un proceso investigativo por serias irregularidades cometidas durante su mandato.

La señora Ortega, convertida por el poder mediático de Occidente en una ingenua y sufrida víctima de la Revolución Bolivariana, fue inculpada por mantener una actitud pasiva ante las denuncias por los excesos cometidos durante las guarimbas por los malhechores utilizados por la oposición.

Como señalara el gobierno constitucional de Venezuela al conocer de las más recientes intrigas de Almagro, este instrumento de Estados Unidos carece de atribuciones para nombrar juristas o invocar a la OEA al presentar su escabroso informe.

Además, el secretario general del bien llamado “ministerio de colonias” NO fue encargado por los miembros de la OEA para abrir un caso contra Venezuela en la Corte Penal Internacional.

Según expertos, su única alternativa sería acudir a título personal.  Al conocer de tales intentos, el gobierno venezolano se manifestó a favor de esclarecer los hechos violentos y ofreció aportar información útil.

Por supuesto, Almagro y sus jefes en Washington buscarán apartar a Caracas porque NO les interesa la verdad sino derrocar al gobierno venezolano.