Por: Guillermo Alvarado

A los ya seculares males de la pobreza y la violencia, miles de familias colombianas del departamento de Antioquia suman ahora la incertidumbre por los problemas en el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, el más grande del país pero cuyos defectos técnicos podrían ocasionar la rotura de la presa.

Se trata de una gigantesca construcción, con una altura de 220 metros y un embalse de 70 kilómetros de largo, con capacidad de hasta dos mil 720 millones de metros cúbicos de agua, cuyas turbinas podrían generar dos mil 400 mega watts.

Desde el inicio de su construcción en 2010, sin embargo, se fueron acumulando denuncias por los daños ecológicos que la obra causa en la región, así como por la cantidad de familias desplazadas de sus tierras y hogares.

Lo más grave comenzó a ocurrir en abril de este año, cuando se presentaron serios problemas en los túneles de desviación del río Cauca, lo que llevó a tomar la decisión de inundar la sala de máquinas para que las aguas retornaran a su cauce original y evitar una tragedia de grandes proporciones.

El remedio al parecer resultó peor que la enfermedad y en mayo hubo que evacuar a casi una decena de poblados porque el líquido embalsado y el que corre por los canales causó una avalancha que destruyó la sala de máquinas y puso en riesgo inminente de colapsar la cortina de la presa. En los últimos días los habitantes de otros poblados debieron ser trasladados a lugares seguros y las pérdidas, tanto para la población como para el proyecto se consideran enormes.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, acusó a los encargados de la obra por ocultar la gravedad de la situación y citó un informe de expertos foráneos, donde se asegura que el colapso puede ser inminente y que se utilizaron materiales que no cumplen con los requisitos internacionales para este tipo de construcción.

Si la cortina de la presa llega a romperse, el efecto sería igual o peor que un tsunami de gran intensidad, con corrientes de agua y lodo de entre 10 y 40 millones de metros cúbicos, es decir la peor avalancha en la historia del país, dijo Pérez.

El mismo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció que el peligro se mantiene a pesar de que el nivel de las aguas ha descendido discretamente.

Afectados por la crisis que se organizaron en la agrupación Ríos Vivos Antioquia, presentaron un reclamo al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y le exigieron investigar si la inversión que se realizó en el proyecto cumplió con los requisitos mínimos desde el punto de vista ambiental y social.

El BID aportó dos millones de dólares al Estado colombiano en 2012 y 550 millones más en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín, dueña del proyecto.

La agrupación también denunció amenazas, intimidación y el asesinato de dos de sus miembros que reclamaban transparencia en la información que se aporta a las comunidades antes y después de los incidentes.

Todo el mundo espera que no se produzcan males mayores, pero también exige que la asignación de obras públicas se haga con responsabilidad, apego a las leyes y las convenciones internacionales, lo que esta vez en Colombia parece que no ocurrió.