Por: Guillermo Alvarado

La población de Guatemala termina esta semana sacudida por una de las erupciones volcánicas más violentas en décadas recientes, que dejó hasta el momento poco más de un centenar de fallecidos, unos 200 desaparecidos, miles de evacuados y alrededor de dos millones de personas afectadas por el fenómeno natural.

El volcán de Fuego está ubicado en la región central del país, donde coinciden tres departamentos, Chimaltenango, Sacatepequez y Escuintla. Con una altura de más de tres mil metros sobre el nivel del mar, la actividad del coloso se remonta a la época de la conquista española, por los años 1520, cuando impresionó a los invasores europeos que dejaron registro de sus columnas de fuego y humo.

Su última gran explosión había ocurrido en 1974, pero constantemente obliga a evacuar los poblados cercanos, cuyos habitantes faltos de otras alternativas retornan una vez pasada la emergencia.

En la tragedia que mantuvo en vilo estos días a la sociedad guatemalteca coincidieron varios factores, algunos inevitables pero otros no tanto.

Se trató de una gran erupción, con la expulsión de nubes con gases, lava, rocas y ceniza con temperatura de cientos de grados centígrados y que descendieron a una gran velocidad arrasando con todo lo que encontraron a su paso. Imposible sobrevivir para quienes tienen la desgracia de quedar atrapados en esta trampa mortal.

Pero había alternativas que pudieron salvar muchas vidas y una de ellas era hacer caso de las alertas emitidas por especialistas en la mañana del domingo 3 de junio.

La Coordinadora para la Reducción de Desastres, CONRED, encargada de proteger a los ciudadanos, se defiende con el argumento de que el aviso llegó 45 minutos después de iniciada la erupción, registrada alrededor de las tres de la tarde.

Sobrevivientes de la tragedia aseguran que personal de la CONRED estaba en el volcán desde la mañana, pero que no advirtieron de la necesidad de evacuar.

Particular indignación despierta que en un lujoso club de golf instalado en las cercanías los huéspedes, socios y personal fueron trasladados a tiempo a lugares seguros, pero no así a los habitantes de los pequeños y pobres poblados aledaños.

La actitud de las autoridades también ha sido lamentable. El día de la tragedia el presidente Jimmy Morales declaró que “por ley” no podía trasladar un solo centavo del presupuesto para atender el desastre, lo que levantó una ola de repudio.

La canciller Sandra Jovel, rechazó en un inicio la ayuda internacional ante un problema que obviamente rebasa la capacidad del Estado. Incluso a media semana se le prohibió el ingreso a un convoy con ayuda humanitaria procedente de El Salvador.

Hay que destacar, eso sí, el valor de los cuerpos de socorro que en condiciones terribles, que obligaron a suspender temporalmente sus tareas, luchan por rescatar los cuerpos de quienes perecieron en la erupción, así como la generosidad de la población volcada a aliviar en lo que se pueda la vida de los sobrevivientes.

Excepto el gobierno, la mayoría de guatemaltecos parecen haber escuchado el llamado ancestral de los Mayas de “que se avise a todos, que todos se levanten. Que no haya un grupo ni dos de entre nosotros que se quede atrás de los demás”.