Por María Josefina Arce

La reciente condena en Chile a cadena perpetua de dos mapuches por el supuesto asesinato de un matrimonio de latifundistas en 2013 durante un incendio vuelve a poner sobre la palestra el viejo problema de esa comunidad indígena, la más grande del país austral, pero perseguida, criminalizada y despojada de sus ancestrales tierras.

Ya por esta causa hace casi tres meses que el mapuche Celestino Córdova lleva a cabo una huelga de hambre en la cárcel de Temuco, al sur de Chile, donde cumple una condena de 18 años de prisión.

Ahora los hermanos José y Luis Tralcal, que han declarado reiteradamente su inocencia, son también condenados por el mismo hecho que la justicia califica como un acto terrorista. No olvidemos que a esa comunidad se le aplica la ley antiterrorista, que busca convertirlos ante la opinión pública en delincuentes y criminales.

Esta ley, una de las tristes herencias de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, se ha aplicado de manera arbitraria contra los mapuches, que solo reclaman lo que por derecho les pertenece, han reconocido organismos internacionales.

En 2013 durante una visita a territorio chileno el Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y contraterrorismo, Ben Emmerson, aseguró que en el país austral no hay terrorismo por lo que sería bueno abstenerse de usar esa legislación contra los mapuches.

Fue en 1984 cuando la dictadura militar de Pinochet para perseguir y eliminar a los opositores puso en marcha esta legislación, a la que siete años después se le añadiría el delito de incendio y que a lo largo de toda su historia ha provocado un sinnúmero de violaciones de derechos humanos.

Por eso la condena de los hermanos José y Luis Tralcal despierta ciertas suspicacias en una sociedad, que ha visto como se han fabricado casos contra integrantes de ese pueblo, despojados de sus territorios que pasan a manos de las grandes transnacionales.

El caso más reciente fue la llamada Operación Huracán puesta en marcha por los Carabineros en 2017 y durante la cual se plantaron y manipularon pruebas para inculpar a dirigentes mapuches. De hecho ocho líderes de esa etnia fueron detenidos bajo el cargo de asociación ilícita terrorista, acusados de participar en ataques incendiarios.

Una vez detenidos se expusieron como parte de las pruebas unas conversaciones entre los imputados, obtenidas supuestamente tras la incautación de sus celulares, en las que comentaban la posibilidad de ingresar armamento desde Argentina.

Inicialmente la Fiscalía acusó a los comuneros del incendio de camiones y maquinaria agrícola en el sur del país, en las localidades de Lautaro, Temuco y Padre Las Casas.

Pero a medida que avanzaba la causa, comenzaron las dudas y la Fiscalía solicito mas pruebas a los Carabineros. La fuerza de seguridad alegó que actuó al amparo de la Ley de Inteligencia y se negó a entregar la información. El caso fue cerrado y se abrió una investigación contra el cuerpo policial, inmerso en un escándalo por el desfalco de 44 millones de dólares.

Todos esos antecedentes despiertan dudas sobre el caso de los latifundistas muertos por el que se acusa a los dos dirigentes mapuches, y es que históricamente ese pueblo, con una fuerte identidad y que mantiene viva la mayor parte de sus tradiciones y su lengua, ha sido el grupo social más discriminado, pobre y marginado del país austral.