Por:Guillermo Alvarado

Entre las muchas tareas urgentes que deberá enfrentar el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando tome el poder el 1 de diciembre próximo, figura atender y transformar las políticas migratorias mexicanas, que muchas veces permiten excesos graves en ese país, similares a aquellos por los que se critica a Estados Unidos.

México es el último obstáculo, el corredor final o la puerta de acceso a la frontera estadounidense, pero cruzar ese territorio se convierte en un calvario que muchas veces termina en la cruz para decenas de miles de indocumentados, la mayor parte de ellos originarios del empobrecido Triángulo Norte Centroamericano.

Sin contar las tropelías de las mafias del tráfico de personas o del trasiego de drogas, en muchas ocasiones las mismas autoridades policiales o migratorias mexicanas son responsables de violaciones a los derechos humanos de personas humildes que por necesidad o despiste, o las dos cosas, persiguen el evasivo “sueño americano”.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, fueron expulsados 625 mil migrantes centroamericanos, lo que significa un promedio de 321 por día que poco tiene que envidiarle a su vecino del norte.

Antes de ser repatriadas, estas personas estuvieron internadas en las llamadas “estaciones migratorias”, que son en realidad centros con un régimen carcelario, donde los internados, hombres, mujeres y niños están hacinados, carentes de condiciones de salubridad y bajo la vigilancia de guardias armados.

En declaraciones al semanario Proceso, Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que opera en Tapachula, Chiapas, calificó de hipócritas los reclamos del gobierno de Peña Nieto a su homólogo estadounidense Donald Trump por la separación de los hijos de indocumentados capturados en la frontera.

El activista aseguró que en México los niños migrantes también terminan en centros de detención, con o sin sus padres, y desde su ingreso a esos lugares se les deja claro que su destino será la deportación irremediable.

También denunció una activa cooperación entre agentes del país latinoamericano y de Estados Unidos. Las máquinas para recabar datos biométricos de los detenidos, dijo, fueron entregadas por Washington y oficiales del servicio de inmigración del país norteño acuden a las estaciones migratorias mexicanas a recopilar información de los indocumentados allí recluidos.

Más aún, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que allí se aplica una política llamada “tres D”, es decir detección, detención y deportación.

Dar un tratamiento humano, digno y justo a los indocumentados en tránsito por territorio mexicano hablaría muy bien del próximo gobierno y demostraría su disposición a desmarcarse de las políticas que tantas críticas han hecho caer sobre el presidente Donald Trump, devenido paradigma de la intolerancia y la xenofobia.