Por María Josefina Arce

Las últimas acciones de Estados Unidos corroboran que el plan desestabilizador contra el gobierno del presidente constitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, tienen el sello inconfundible de Washington, que a lo largo de la historia ha apoyado y financiado golpes de estado en la región.

Es así que en los últimos días el gobierno ordenó la salida de su personal no esencial en el país centroamericano, y recomendó a los ciudadanos abstenerse de viajar a territorio nicaragüense, dado la situación que vive hoy esa nación.

Pero el comunicado publicado en la página web de la sede diplomática en Managua olvida mencionar que es el apoyo de Estados Unidos a la oposición el que ha convertido a Nicaragua, considerada hasta hace poco como una de las naciones mas seguras de Centroamérica, en un escenario violento, donde la cifra de muertos se sitúa en poco mas de 200 desde que se desataran el pasado 18 de abril las acciones con un marcado carácter político, disfrazado en un supuesto rechazo a una reforma al Seguro social.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, también sancionó en los últimos días a tres miembros del gobierno del presidente Ortega, en una escalada más contra la revolución sandinista, que va desde incentivar la violencia hasta tratar de, como a Venezuela y Cuba, asfixiarla económicamente.

Así lo demuestra el hecho de que el pasado año el Congreso estadounidense aprobó la llamada Acta Nicaragua, encaminada a imponer condiciones a ese estado para acceder a préstamos financieros de instituciones internacionales o de Estados Unidos.

La medida, calificada como una acción unilateral, irracional y lesiva contra el pueblo nicaragüense, obstaculiza los programas sociales puestos en marcha por el ejecutivo nicaragüense, dirigidos fundamentalmente a los sectores mas vulnerables de la sociedad.

Todo se ha cocinado desde Washington. No por gusto el pasado mes de junio promotores de las acciones violentas que en la actualidad sacuden a Nicaragua, en detrimento de la paz y seguridad de las familias nicaragüenses, viajaron a la capital estadounidense para recabar apoyo.

Desde un principio estaba claro el objetivo de las revueltas: derrocar al gobierno constitucional de Ortega y dar al traste con las conquistas socioeconómicas del país centroamericano, que en los últimos años ha tenido un sostenido crecimiento económico.

La violencia que desangra a la nación centroamericana continúa y no se ve el fin de una crisis, creada por la oposición con el apoyo de Estados Unidos, pues está paralizado el dialogo con el gobierno, que en todo momento ha manifestado su disposición a hallar una solución pacifica y negociada.