Por: Guillermo Alvarado

A más de 40 años de la muerte del caudillo, la sociedad española aún lucha por exorcizar definitivamente el fantasma de Francisco Franco, quien dividió a esa población y dejó profundas cicatrices que todavía causan dolor en decenas de miles de familias, que insisten en buscar justicia luego de décadas de indiferencia.

Durante los últimos días una llama de esperanza se prendió para los descendientes de los fusilados y desaparecidos durante la revolución española, entre 1936 y 1939, y la dictadura franquista, de 1939 a 1979.

Se presume que los restos de los republicanos y otros ejecutados, de manera individual o masiva, permanecen apiñados en tumbas colectivas que se abrieron por todo el país, entre ellos los del insigne poeta Federico García Lorca.

Ahora el gobierno presidido por Pedro Sánchez anunció que reformará una ley decretada por su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero para dar un impulso verdadero a la búsqueda de los desaparecidos durante esa etapa oscura del país.

En la primera legislación, que fue congelada durante las administraciones del Partido Popular, el ejecutivo se comprometía a dar fondos y otras ayudas a las asociaciones creadas para investigar estos casos.

La actual iniciativa prevé, en cambio, que sea el mismo Estado el que encabece la búsqueda de los cementerios clandestinos y la identificación de los restos, por lo que contratará equipos de forenses y antropólogos con experiencia en tales tareas.

De acuerdo con la legislación internacional, la desaparición es un delito de lesa humanidad, por lo que no prescribe, y se considera que se sigue cometiendo hasta dar con la víctima o tener certeza absoluta de cuál fue su destino.

Pero no es esta la única herida que el franquismo mantiene abierta en España. Existe un tema bochornoso y que lastima a muchos hogares que durante mucho tiempo clamaron justicia en un desierto donde nadie les escuchó o les dio crédito.

Me refiero al de los bebés robados, tanto durante los años del enfrentamiento armado como en los tiempos de la dictadura, cuando se desató una verdadera mafia amparada por el Estado que sustrajo los hijos recién nacidos a familias humildes, para darlos en adopción irregular a matrimonios adinerados que por alguna razón no podían tener descendencia.

Fueron decenas de miles las madres que fueron engañadas diciéndoles que sus bebés nacieron muertos, o fallecieron durante el parto, y nunca se les entregó el cuerpo con el pretexto de que fue sepultado de manera urgente.

El primer caso ya fue a juicio en los últimos días de junio y la demanda la puso Inés Madrigal, quien fue arrebatada a sus padres en 1969 y entregada a otra familia. La supuesta madre le confesó cuando cumplió 18 años que era adoptada, pero más tarde  ella descubrió que toda la documentación era falsa.

La administración pública, hospitales y hasta la misma iglesia católica están vinculados en este tenebroso entramado, cuyos entresijos han logrado mantener ocultos, aunque sea un secreto a voces detrás del cual flota el fantasma de Francisco Franco y su atroz dictadura.