Por: Guillermo Alvarado

El Parlamento de Israel aprobó la víspera una controvertida ley que define a ese país como “Estado nacional del pueblo judío”, con lo cual se legaliza la segregación en el interior, se liquida cualquier concepción de democracia, queda asegurada la ocupación definitiva de los territorios usurpados por la fuerza y prácticamente pone fin a cualquier posibilidad de una solución pacífica al conflicto con Palestina.

Dicho texto contó con los votos favorables de 62 diputados y la oposición de 55, con dos abstenciones, y se convirtió inmediatamente en uno de los preceptos definidos como “ley básica”, lo cual significa que es muy remota la posibilidad de derogarla o siquiera modificarla, en un país que carece de Constitución y se rige por normativas de esta naturaleza.

Uno de los aspectos más chocantes de esta nueva legislación es que al declarar a Israel como Estado nacional exclusivamente judío, deja fuera a casi el 20 por ciento de ciudadanos de ese país que son de origen árabe, los que pasarán desde ahora a formar parte de una especie de población de segunda categoría.

Para remarcar lo anterior, se estableció el principio de que la soberanía es un derecho exclusivo de los judíos, lo cual equivale a sustituir el concepto de nacionalidad por una religión o creencia.

Dicho de manera más simple, un israelí que no sea judío, es decir que no certifique pertenecer a ningún grupo étnico de origen hebreo o practicar esa religión, no tiene derecho a la soberanía o de acogerse a los beneficios que el Estado garantiza.

Es una forma brutal de segregación emparentada con dos sistemas políticos que avergüenzan a nuestra especie, el nazismo y el apartheid, basados, como el sionismo, en el espurio principio de la superioridad racial.

La ley de marras reconoce al hebreo como única lengua oficial en el Estado israelí y deja al árabe, hablado por muchos ciudadanos, como un idioma con una difusa categoría de “especial”.

Reconoce, asimismo, a las ilegales colonias y comunidades judías asentadas en territorios palestinos ocupados tras la guerra de 1967 como de “interés nacional”.

Con esta normativa se da al traste con los esfuerzos de la comunidad internacional de llevar la paz al convulso Oriente Medio, toda vez que se declara a la ciudad de Jerusalén como capital única e indivisible de Israel, cercenando así los derechos reconocidos al Estado Palestino sobre la zona este de la llamada “ciudad santa”.

Estamos, pues, ante la oficialización de un régimen segregacionista, una versión del siglo XXI del apartheid, que fue saludada con entusiasmo por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que la calificó como “un momento decisivo en la historia del sionismo y en la historia del Estado de Israel”.

Numerosas mentes lúcidas en todo el mundo, incluso organizaciones judías, critican esta sepultura de la paz y la democracia que perpetró la mayoría sionista del Parlamento israelí, que las autoridades palestinas condenaron en términos enérgicos al denominarla como una ley malvada y peligrosa que, me permito agregar, envía a buena parte de la humanidad a la época más oscura de la edad media.