Por: Guillermo Alvarado

Hoy día nadie ignora que proteger la naturaleza y el medio ambiente son tareas fundamentales para garantizar la existencia de nuestra especie, pero en numerosos países del planeta dedicarse a estas actividades es una labor de alto riesgo y que en muchas ocasiones puede costar la vida de quienes se involucran en ellas.

Así lo demuestra un informe publicado esta semana por la organización no gubernamental británica Global Witness, donde se denuncia que a lo largo del año pasado fueron asesinados 207 ambientalistas en 22 países.

El texto, titulado ¿A qué precio?, indica que América Latina es la región más peligrosa para quienes luchan por defender el entorno, amenazado por la actividad depredadora de grandes corporaciones transnacionales y su apetito voraz por las riquezas naturales, tanto las que yacen sobre la tierra como las del subsuelo.

La mayoría de las víctimas, dice el documento, son personas comunes y corrientes, habitantes de pequeñas comunidades campesinas o indígenas, cuya única falta fue proteger su territorio y sus hogares contra las industrias destructivas.

Brasil encabeza el listado de asesinatos, no solo en la región sino en todo el mundo, con 57 personas ultimadas, el 80 por ciento de ellas cuando trataban de proteger los inmensos recursos de la Amazonía.

En lugar de tomar medidas para detener y castigar estas atrocidades, el gobierno del golpista Michel Temer suavizó las leyes a favor de las grandes corporaciones y debilitó a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Segundo entre los países más inseguros para los activistas por el medio ambiente es Colombia, con 24 asesinatos, lo que no significa una sorpresa porque esa nación se ha convertido en terreno minado para los que levantan su voz para defender cualquier tipo de derecho.

Le sigue México, tierra violenta donde en 2017 perdieron la vida 15 ecologistas. En la gran mayoría de los casos las muertes están vinculadas a la oposición a grandes proyectos agrícolas, mineros o energéticos, detrás de los cuales está el gran capital internacional apoyado por instituciones multilaterales de crédito.

Una sola buena noticia la constituyó este año el anuncio del cierre del programa hidroeléctrico de Agua Zarca, en Honduras, que dejaría bajo el agua grandes áreas de tierras cultivables de la comunidad indígena lenca y dañaría irremediablemente el río Gualcarque. La lucha contra este programa fue la causa del asesinato a balazos de la dirigente Berta Cáceres en 2016, un crimen todavía no resuelto.

En general se puede decir que los gobiernos fracasaron en su deber de proteger a quienes pelean por un mundo mejor, toda vez que la casi totalidad de las muertes permanecen en la impunidad y en muchos casos ni siquiera se inició una investigación para dar con los responsables intelectuales y materiales.

La salud del planeta está cambiando y no es para mejorar y la prueba es que fenómenos naturales que siempre han existido, hoy se caracterizan por una intensidad devastadora, una frecuencia inusual y una cifra creciente de víctimas, entre las que se deben contar quienes tienen la cordura para enfrentar esta situación y pagan con su vida.