Por: Roberto Morejón

Tal y como lo hizo con Venezuela, la OEA dio un nuevo paso para tratar de socavar al gobierno constitucional de Nicaragua, al aprobar la creación de un denominado grupo de trabajo, con tintes injerencistas, rechazado por Managua.

Convocado apresuradamente por representantes de países con gobiernos de derecha aliados a Estados Unidos, el Consejo Permanente de la OEA se reunió otra vez ante una supuesta preocupación por los sucesos ocurridos en Nicaragua desde el 18 de abril pasado.

En el país centroamericano las fuerzas políticas reaccionarias y la empresa privada desataron una ofensiva antigubernamental, con el uso de bandas de forajidos para sembrar el terror con tácticas terroristas.

El presidente Daniel Ortega habló recientemente de intento de golpe de estado con financiamiento de fuerzas poderosas en el exterior, esencialmente en Miami y Costa Rica.

El dignatario comparó la virulencia de los complotados con los desmanes del autodenominado Estado Islámico en Siria e Iraq.

En medio de la confusión generada por las barricadas en las vías, manifestaciones de protesta sospechosamente coincidentes, asesinatos de policías y atrincheramiento de estudiantes en escuelas y templos, trataron de sacar provecho Estados Unidos y su instrumento de la OEA.

La misión a cumplir por esos actores es guiar el apoyo externo hacia los opositores y desgastar al gobierno nicaragüense electo en las urnas.

De eso se trató cuando bajo fuertes presiones prosperó en el bien llamado ministerio de colonias una resolución para que Nicaragua acepte un grupo de trabajo, encargado de torcer el rumbo de los acontecimientos futuros.

Impugnada por el gobierno de Daniel Ortega, la “iniciativa” no tiene novedad alguna, pues sigue los pasos de la OEA contra Venezuela.

Coincidentemente, una feroz campaña mediática remacha sobre la opinión pública para presentar al gobierno nicaragüense como autoritario, una receta aplicada también cuando el Estado venezolano debió enfrentar la violencia de las llamadas guarimbas en 2017.

Llama la atención la celeridad de los que llevan las riendas de la OEA para irrumpir en Nicaragua en momentos en que las autoridades de ese país actúan en contraofensiva para devolver la calma.

Los órganos de justicia y de orden interior investigan -como es su deber- las raíces y alcances de los atropellos cometidos por las bandas provistas de armamento artesanal y afirman estar dispuestos a encontrar a los responsables del terror.

La OEA pretende entonces entorpecer el restablecimiento de la normalidad bajo la guía del gobierno de Nicaragua.

Hoy, cuando las calles están libres de tranques, la OEA busca que los extremistas retomen su ofensiva.