Por: Roberto Morejón

La agricultura cubana dio otro paso hacia la mayor explotación de las tierras ociosas y para ofrecerle a los labriegos garantías adicionales en sus faenas, al aprobar nuevas modificaciones a la política de entrega de superficies destinadas a cultivar en usufructo.

Las regulaciones entrarán en vigor en un mes con la finalidad de impulsar la producción agropecuaria, hoy con discretos aumentos, aunque por debajo de las necesidades del país.

En atención a los requerimientos para reducir las costosas importaciones de alimentos desde el exterior y a los reclamos de productores en diversas estructuras agrarias, las autoridades decretaron las más recientes normativas.

Ante todo, funcionarios y especialistas buscan poner en explotación la superficie agrícola inactiva que si bien se redujo en los últimos años, aun destaca por sus potencialidades.

Durante los pasados 10 años estuvieron vigentes normas jurídicas que ahora desaparecerán y a cuyo amparo se entregaron decenas de miles de hectáreas de tierras en usufructo a personas, fundamentalmente jóvenes, entre ellos casi 800 desmovilizados del Servicio Militar Activo.

Pero Cuba dispone aún de 472 mil hectáreas sin ocupación útil, susceptibles de asignar mediante usufructo a personas deseosas de labrar la tierra.

Los nuevos preceptos próximos a ponerse en práctica deben alentar la solicitud de muchas de esos espacios.

Entre las normas de interés destaca la extensión hasta 20 años, y NO diez como hasta ahora, del período para la entrega del usufructo a las personas naturales, si bien el plazo está en condiciones de prorrogarse por igual lapso.

También sobresale entre las medidas la posibilidad de asignarle hasta 26,84 hectáreas de tierra a personas carentes de ese recurso, el doble de lo estipulado hasta el momento.

Igual atención merece la extensión del suelo para la construcción o ampliación de bienhechurías, es decir, los inmuebles necesarios para la vivienda y almacenes de insumos, pues en el futuro inmediato podrán ocupar hasta 3 por ciento del total, cuando ahora solo llega a uno por ciento.

Conjuntamente los tenedores de tierras estarán autorizados en el futuro inmediato a vincularse a empresas agropecuarias, azucareras o forestales, a diferencia del presente cuando solo lo hacen a las cooperativas.

Con las modificaciones referidas y otras contempladas en un nuevo decreto-ley, la agricultura doméstica pretende un mejor aprovechamiento de los recursos agrícolas y otorgarle más seguridad a obreros, campesinos y miembros de cooperativas.

Las autoridades apuestan por brindar más facilidades económicas, legales y tributarias para incentivar la aún deficitaria producción de alimentos.