Por:Guillermo Alvarado

Los últimos meses del gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto transcurren como lo hizo el resto de su gestión, en medio de una irracional violencia que causa todos los días nuevas víctimas en cualquier rincón del territorio nacional, sin que haya indicios de una voluntad real de poner remedio a esta situación.

En realidad el gobernante le entregará el próximo 1 de diciembre a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, un país desangrado, de luto y atemorizado, muy lejos del “México seguro” que les prometió a sus ciudadanos.

La responsabilidad la comparte con Felipe Calderón Hinojosa, que en 2006 aceptó el proyecto estadounidense de convertir a su nación en el muro para contener a las mafias de narcotraficantes y otras formas del crimen organizado antes de que crucen la frontera común.

De entonces para acá las estadísticas oficiales hablan de 200 mil asesinatos y 30 mil desaparecidos, sin que por eso la actividad de los carteles de la droga haya disminuido. Lo más que se ha logrado es eliminar o capturar a algunos cabecillas, que son rápidamente sustituidos.

Hasta el momento el peor año fue el anterior, cuando se registraron 28 mil 711 homicidios, la cifra más elevada desde que en 1997 se comenzaron a llevar registros consolidados a nivel nacional. Si bien los datos no indican cuántas muertes están vinculadas directamente al crimen organizado, agrupaciones no gubernamentales aseguran que la mayoría son perpetradas por narcotraficantes.

Hasta donde se puede apreciar, 2018 no va por mejor camino pues hasta el cierre del primer semestre se cometieron en México 15 mil 973 asesinatos, cifra superior a igual período del año pasado.

La inseguridad se extiende por urbes como el balneario de Acapulco, Guadalajara, Guanajuato, Culiacán, Tijuana o la Capital, Ciudad de México y dentro de las víctimas de la violencia figuran los periodistas.

Durante este año diez comunicadores fueron ultimados en ese país. El último de ellos fue el fotoreportero Rodolfo García, asesinado a tiros en plena calle en Guanajuato el fin de semana pasado.

Hay algunos crímenes que por su impacto quedarán marcados en la historia del gobierno de Peña Nieto, entre ellos la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normal del municipio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Falta poco más de un mes para que se cumpla el cuarto aniversario de este hecho, sin que hasta el momento los familiares de las víctimas tengan información fidedigna de lo que ocurrió con sus hijos, o dónde están sus cuerpos.

En estos momentos la única esperanza de la población está radicada en los programas ofrecidos por el presidente electo, López Obrador, quien prometió hacer de la lucha contra la violencia uno de los puntos cardinales de su administración.

Quizás sea este uno de los asuntos por los que se comenzará a medir al nuevo gobierno, porque en medio de otros temas urgentes, la vida y la seguridad son las principales aspiraciones de esa sociedad.