Por: Roberto Morejón
Sin llegar a cobrar la espectacularidad de los tiroteos en las escuelas, los casos de abuso infantil en Estados Unidos muestran un alza que impacta a las autoridades, sociólogos y padres.
Después de arduas investigaciones, policías del estado norteamericano de Nuevo México descubrieron recientemente un campamento para entrenar a niños como pistoleros.
Once infantes desnutridos con vestimentas raídas fueron hallados en un desvencijado rancho en el condado de Taos, donde un adulto los adiestraba para utilizarlos en acciones violentas en escuelas.
Durante el operativo policial fueron apresados además tres mujeres y un hombre que junto al dueño del campamento serían los responsables de los maltratos a niños de menos de 15 años.
Como es usual, los extremistas disponían de gran cantidad de pistolas y fusiles, dada la libertad para conseguir armas en Estados Unidos.
La denuncia de lo ocurrido en Nuevo México siguió a casos reportados en Harrisburg, capital del estado de Pensilvania, donde una diócesis católica reveló abusos sexuales infantiles cometidos presuntamente por 71 sacerdotes y otras personas.
Se trató de la segunda de seis diócesis en Harrisburg investigadas por sospechas de consumar un delito tan repudiable.
También aumentaron las evidencias de apremios contra niños y adolescentes separados de sus padres inmigrantes.
Como parte de la tolerancia cero de la administración del presidente Donald Trump hacia esos viajeros que buscan empleos muy escasos en sus países de origen, centenares de infantes fueron recluidos en centros de detención de inmigrantes ilegales.
Jóvenes que llegaron solos a Estados Unidos enviados a un campamento en Arizona expusieron recientemente los abusos de un empleado.
La notificación se sumó a otras 263 por apremios sexuales perpetrados en esas dependencias, según datos del Buró Federal de Investigaciones de 2017.
Paradójicamente, el gobierno Trump afirma que los albergues de inmigrantes son seguros y hasta divertidos.
Parece existir consenso de que en Estados Unidos se registran anualmente cerca de 700 mil casos de abuso y abandono infantil.
El número de fallecimientos por esa causa es más notable en los estados de Indiana y Texas, donde las organizaciones de protección infantil son rebasadas por el cúmulo de reportes.
Más allá de las cambiantes estadísticas, lo cierto es que un solo caso es aborrecible y merece la más fuerte penalización de la justicia.
Estados Unidos suele darle seguimiento a esta y otras violaciones de los derechos humanos en el mundo, pero olvida hacer un trabajo preventivo más acucioso dentro de sus fronteras.
