Por Gillermo Alvarado

Los ciudadanos de Colombia que participaron este domingo en un referendo contra la corrupción aprobaron por inmensa mayoría el proyecto de siete puntos destinado a combatir ese negativo fenómeno, pero la suma de los votos fue insuficiente para alcanzar el límite que habría obligado a los legisladores a convertirlo en ley.

Las normas del evento fijaban que sería válido sólo si asistía como mínimo la tercera parte del padrón electoral, es decir 12,1 millones de personas.

Al finalizar el día se registraron 11,6 millones de votantes, lo cual significa que los organizadores quedaron a menos de 500 mil sufragios para alcanzar su objetivo.

Como sucede con el clásico vaso a la mitad de agua, los analistas se dividen entre quienes prefieren ver lo conseguido y aquellos que señalan lo que faltó.

Lo cierto es que el límite era bastante elevado, si se toma en cuenta que el actual presidente, Iván Duque, conquistó el cargo apenas con 10 millones de boletas.

Con escasos 37 mil 400 dólares, una minucia comparada con los 5,6 millones que gastó Duque en su campaña, se logró movilizar a más de once millones de ciudadanos, algo meritorio.

Más aún si se toma en cuenta que el 99 por ciento de los asistentes apoyaron las siete medidas contra un cáncer que cada año le cuesta 17 mil millones de dólares a la economía nacional, es decir al pueblo porque nunca debemos olvidar que éste es el que con su trabajo crea la riqueza que administra el Estado.

Las preguntas a que se debía dar respuesta tenían que ver, entre otros puntos, con la reducción de salarios de legisladores y funcionarios; la prohibición a los corruptos de hacer contrataciones con el gobierno; la obligación de los congresistas de rendir cuentas de su actuación; confiscar los bienes a políticos y testaferros vinculados con la corrupción y limitar a tres períodos la participación en organismos públicos.

Si se hubiese validado el referendo, el organismo legislativo tendría un año para convertirlo en ley y vencido ese plazo lo podría hacer el presidente de la República por medio de un decreto.

Entre quienes se opusieron a la celebración de la consulta estuvo el derechista Centro Democrático, cuyo líder, el expresidente Álvaro Uribe, es investigado por presuntos sobornos, su vinculación con grupos paramilitares y manipulación de testigos.

Llamó la atención que el flamante jefe de Estado, Iván Duque, se desmarcara de quien está considerado como su padrino político al aprobar la realización del evento.

De todas maneras el mensaje de once millones de colombianos es claro y contundente, y es que la población está cansada de estar bajo el control de funcionarios que medran con los recursos del país, compran y venden privilegios, tuercen voluntades y sobornan a jueces e investigadores para mantenerse en la impunidad.

A partir de ahora viene una lucha fuerte por conseguir que diputados y senadores acepten discutir uno o varios proyectos alternativos bajo la presión de que el castigo popular en futuras elecciones podría ser, simple y llanamente, no votar más por ellos.