Por: María Josefina Arce

El agua es un recurso crucial para la supervivencia de la humanidad y su desarrollo. Desde el 2010 la ONU reconoce el derecho humano al preciado líquido, un acceso que debe ser suficiente, saludable, asequible y universal.

Sin embargo, en la actualidad más de dos MIL millones de personas en el mundo no tienen acceso al vital líquido, una cifra que podría incrementarse en las próximas décadas ante el aumento de la población del planeta.

Su carencia trae aparejada enfermedades de carácter gastrointestinal. Es así que más de tres millones de personas mueren anualmente por estas causas, siendo los niños los más afectados. Cada año 340 MIL infantes fallecen al no tener acceso a ese recurso.

Múltiples son los retos para garantizar agua potable a todos los habitantes, entre ellos los problemas ambientales y el cambio climático que inciden en los recursos hídricos, como las inundaciones, sequías y la contaminación del líquido.

Aparejado a esto los conflictos bélicos también tienen gran influencia en la carencia de agua para muchos. De acuerdo a los organismos internacionales los millones de desplazados que generan las guerras significan una fuerte presión sobre los servicios de agua y de saneamiento de las naciones a las que se trasladan.

Por demás, en el caso de las mujeres y las niñas en zonas inseguras, recoger agua no solo reduce el tiempo que pueden dedicar al cuidado de sus familias y al estudio, sino que pueden ser víctimas de violencia y ataques

En medio de este panorama mientras en algunas naciones se busca que toda la población tenga garantizado el acceso al preciado líquido, en otros se ha convertido en un lucrativo negocio. Empresas privadas pretenden convertir un bien social en una mercancía, un objetivo rechazado por la mayoría de la población civil.

En América Latina aunque existen marcadas diferencias, gobiernos como el de Venezuela, Nicaragua y Bolivia han trabajado para que el liquido vital deje de ser un privilegio para unos pocos.

Iniciativas que conllevan inversiones en los sistemas hidráulicos y de saneamiento se han puesto en marcha en esas naciones para garantizar a sus ciudadanos ese derecho humano fundamental.

Pero la región no escapa al fenómeno de la privatización y si bien, por ejemplo, en El Salvador para el gubernamental Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es una prioridad que todos sus ciudadanos tengan garantizada el agua, la derecha desde el Parlamento trata de frenar este avance.

Precisamente el país centroamericano ha sido escenario en las últimas semanas de protestas en contra de los planes de la derecha de privatizar el agua. Dirigentes sociales han señalado que el líquido no es interés de un solo partido político, sino del pueblo.

Han denunciado que la derechista ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, trata con su propuesta de Ley Integral de Agua, que el vital recurso sea administrado por empresas privadas.

El agua, vital para garantizar la vida, está en el centro del desarrollo sostenible y es, por encima de todo, un derecho humano reconocido por organismos internacionales que trabajan para lograr el acceso universal a ella, una asignatura aún pendiente en muchas naciones del mundo.