Por Roberto Morejón

En Estados Unidos, postulados del capitalismo como el de obtener ganancias a toda costa se imponen incluso ante el infortunio ajeno y así ha sido en el tratamiento de los inmigrantes, al convertir los lugares de acogida en grandes negocios.
 
Con la política de tolerancia cero a la inmigración ilegal del presidente estadounidense, Donald Trump, aumentaron los espacios de admisión de personas capturadas al tratar de pasar por el límite con México.
 
Pero 65 por ciento de esos asentamientos está en manos privadas y la posibilidad de incrementar el dinero enviado a sus arcas depende de la falta de libertad de más personas, como las que intentan alcanzar el denominado “sueño americano”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos asignó el pasado año 3 mil millones de dólares para sufragar los gastos del engranaje para el arresto de inmigrantes, la mayoría de ellos presentados ante los tribunales.

Ya se sabe que la administración Trump separó a niños de sus padres y los hacinó en campamentos hasta que la repulsa mundial logró la desactivación de la medida.

Pero el drama de los progenitores y sus descendientes instalados en los recintos para viajeros furtivos NO ha concluido y apunta a prolongarse.

En ese río revuelto pescan empresas privadas como CoreCivic  y Geo Group que invierten sumas millonarias para aumentar el número de camas hasta 20 mil.

Con esos desembolsos se preparan ante la presumible avalancha de los llegados clandestinamente por la frontera y porque los jueces demoran en procesar los casos de los apresados.

En esas circunstancias se auguran cuantiosos beneficios que se sumarían a los ya atesorados.

Entre septiembre de 2016 y enero de 2017 el valor de las acciones en la bolsa de las citadas corporaciones privadas aumentó notablemente.

Sería un error pensar que solo consiguen lucro las empresas dedicadas a la gestión de los perímetros de alojamiento de los  inmigrantes porque igual lo hacen abogados, entidades de transporte y hasta prestamistas.

Estos últimos especulan con los intereses fijados a los anticipos otorgados a extranjeros sin recursos cuando las cortes les imponen fianzas para obtener libertad transitoria.

Activistas en derechos humanos inquietos por la situación de los expatriados califican de “repugnante” extraer utilidades del drama de miles de personas que arribaron al sur estadounidense en busca de empleos.

Las lamentaciones parecen caer en saco roto porque el negocio de la administración de sitios para inmigrantes y cárceles genera suculentos provechos a los avispados hombres de negocio estadounidenses, quienes no desistirán de su ocupación.