Por: Guillermo Alvarado

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, desnudó sus miedos cuando anunció que su gobierno no renovará el actual mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, que vence en septiembre de 2019, con lo que pone fin a ese organismo creado para contribuir a la lucha contra la corrupción y otros delitos.

No es una noticia que el gobernante tiene una abierta ojeriza hacia la actuación de la entidad y, en particular, contra su comisionado, el magistrado colombiano Iván Velázquez, a quien ya intentó una vez expulsar, pero resultó frenado por la Corte de Constitucionalidad.

Esta vez Morales fue un poco más allá y despertó a los demonios de la guerra cuando en una inútil y hasta ridícula exhibición de fuerza ordenó al ejército maniobrar con tanquetas y soldados en las cercanías de la sede de la CICIG. Además, cuando hizo el anuncio apareció rodeado de altos mandos militares, algunos vestidos con uniformes de campaña, lo que causó indignación entre la sociedad que no olvida los excesos cometidos durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996.

Además, la decisión del presidente guatemalteco coincide con la celebración en estos días de un antejuicio donde se decidirá si se le levanta la inmunidad para que responda ante los tribunales por el delito de financiamiento ilícito durante la campaña electoral que lo llevó al cargo.

Quienes sacaron a la luz estos actos fueron, justamente, investigadores de la CICIG, acompañados por agentes del Ministerio Público.

Resulta, pues, harto revelador que precisamente cuando puede estar en juego su cargo, el jefe de Estado decida poner fin a un compromiso firmado por Guatemala con la ONU en 2006.

La CICIG tiene su origen en los acuerdos de paz que pusieron fin a más de tres décadas de enfrentamiento armado que dejaron más de 200 mil muertos, millones de desplazados y unos 50 mil desaparecidos. En ese pacto se establece la necesidad de depurar al Estado de los grupos de poder paralelo enquistados en distintos sectores de la administración pública, dedicados a cometer extorsiones, contrabando, tráfico de drogas, corrupción y otros delitos graves.

Ante la imposibilidad de que algún organismo nacional pudiese acometer esa tarea, se decidió de conjunto con la ONU crear una comisión dirigida por juristas de reconocido prestigio mundial y financiada por la comunidad internacional.

Desde su puesta en funciones en 2007 participó en numerosos casos, de los que el más sonado fue la investigación de la camarilla denominada “La línea”, que llevó a la cárcel al ex presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Entre las críticas a la CICIG figura su muy estrecha colaboración con la embajada de Estados Unidos, lo que despierta cierta suspicacia entre algunos sectores sociales.

Para otros, en cambio, en un país ahogado por la corrupción que corroe al Estado por los cuatro costados, su labor es una luz de esperanza, aunque el anuncio del presidente Morales pudiese significar el fin definitivo de su trabajo y el retorno a la más oprobiosa impunidad.