Por Guillermo Alvarado

En medio del estupor de pequeñas comunidades rurales y con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación, continúa en Colombia desarrollándose un sistemático exterminio de dirigentes sociales, defensores del medio ambiente o de los derechos humanos o activistas indígenas y campesinos.

De acuerdo con datos recopilados por agrupaciones humanitarias, en lo que va de 2018 murieron en diferentes puntos de la geografía de ese país más de 160 líderes, muchos de los cuales habían denunciado ser objeto de amenazas, lo que no les garantizó protección alguna por las autoridades.

Si se cuentan las víctimas desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la cifra es de 458.

Pero más allá de los números, resulta harto revelador que los aparatos de policía y justicia sean incapaces de dar con los responsables, lo que va más allá de la indolencia y raya con la complicidad por omisión.

El caso es que la misma Unidad Nacional de Protección, la entidad del ministerio del Interior encargada de brindar servicios de seguridad y escolta en Colombia, reconoció la gravedad de la situación.

Su nuevo director, Pablo Elías González, afirmó hace pocos días que los ataques contra los activistas sociales son un exterminio sistemático ejecutado por bandas criminales que operan al margen de la ley.  

Aparte de la gravedad de los crímenes y la impunidad de que disfrutan los autores materiales e intelectuales, está la insensibilidad que estas noticias cotidianas van creando entre la sociedad, que parece no perturbarse por ellas.

Este fin de semana tres dirigentes comunitarios fueron asesinados en Colombia, pero este lunes en la versión digital de algunos de los principales diarios de ese país no hay ninguna información al respecto.

Algo parecido ocurre con los más de 80 mil desaparecidos a los que nadie, excepto sus familiares y algunos activistas, parecen interesados en buscar o determinar cuál fue su destino.

El panorama no presenta indicios de mejorar tras el virtual abandono del gobierno de Ivan Duque de las negociaciones con el insurgente Ejército de Liberación Nacional, un proceso que despierta pocas expectativas tras el gris destino del pacto logrado con las FARC que, en términos generales, caminó muy poco hacia la paz.

Es este marco, llama la atención que Duque y algunos altos funcionarios de su administración se dediquen a atacar a su vecina Venezuela, diciendo que allí hay una crisis humanitaria.

Se trata de una muestra típica de aquella sentencia bíblica del que mira la paja en el ojo ajeno, pero ignora la viga que tiene en el propio.