Por: Guillermo Alvarado

El antiguo dictador peruano Alberto Fujimori deberá volver a prisión por delitos de lesa humanidad, luego de que un magistrado del Supremo Tribunal de la nación decidió anular el indulto que en diciembre del año pasado le fue concedido como parte de una maniobra política del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Fujimori fue alcanzado por la justicia debido a graves crímenes perpetrados durante su administración, entre ellos las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, cometidas por un grupo paramilitar al servicio del gobierno.

En La Cantuta murieron un profesor y nueve estudiantes de la universidad de ese nombre y en Barrios Altos fueron ejecutadas 15 personas, incluidos varios menores de edad, a manos del escuadrón clandestino conocido como Grupo Colina.

Otros actos represivos costaron la vida al periodista Pedro Yaurí y a nueve vecinos del distrito del Santa, que fueron secuestrados y desaparecidos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sendas resoluciones obligando al Estado peruano a investigar y condenar a los principales responsables de estas matanzas, entre ellos a Fujimori, quien gobernó al Perú del 28 de junio de 1990 al 21 de noviembre del 2000.

En 2005 viajó a Chile donde fue detenido y extraditado a Lima dos años después y en 2009 fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de corrupción, asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves.

En diciembre de 2017 el entonces presidente Kuczynski fue sometido a un proceso de destitución por el Congreso y negoció con los representantes del partido fujimorista otorgar un indulto por motivos de salud al exdictador, a cambio de los votos necesarios para evitar su defenestración.

El caso provocó un gran impacto en la opinión pública nacional e internacional y lejos de solucionar los problemas del gobernante cerró aún más el cerco de la justicia que lo investigaba por corrupción.

Finalmente, PPK, como se le conocía tuvo que renunciar en marzo de este año a favor del actual jefe de Estado, Martín Vizcarra.

La resolución del juez Hugo Núñez Julca provocó un respiro de alivio en los familiares de las víctimas del fujimorismo, así como en buena parte de la población peruana que se sentía defraudada por el indulto concedido a quien está considerado como el representante de una de las etapas más oscuras de ese país.

Por su parte, la derecha comenzó a realizar maniobras para evitar el retorno a la cárcel de Fujimori, entre ellas trasladarlo de su domicilio a un hospital privado alegando un deterioro de su salud.

Sin embargo el dictamen del magistrado indica que el antiguo mandatario padece una enfermedad grave no terminal, por lo que no hay razones para concederle la libertad por causas humanitarias.

No se trata de venganza ni nada parecido, sino de la elemental justicia hacia un hombre que se consideró por encima de los demás, al grado que la vida ajena le importó muy poco, o casi nada.