Por: María Josefina Arce.

El 2018 terminará para Colombia con un alto número de dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados. Con la muerte en las últimas horas del maestro indígena José Domingo Ulcué Collazos suman ya 173 las víctimas en el país latinoamericano en lo que va de año.

Alarmante resulta la cifra de 478 líderes ultimados desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hoy convertida en partido político.

Aunque la anterior administración condenó los ataques, de hecho no existió una respuesta efectiva para proteger sus vidas, al tiempo que la Fiscalía reconoció que había tenido dificultades para investigar las amenazas contra los líderes sociales.

La situación llegó a tales extremos que incluso la Organización de Naciones Unidas a mediados de año señaló que "el recrudecimiento de la violencia" hace imposible construir una “paz estable y duradera”, e instó al entonces gobierno de Juan Manuel Santos a “reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida de los colombianos” en todo el país.

Pero Juan Manuel Santos ya no ostenta la presidencia de Colombia. Desde agosto de este año el inquilino de la Casa Nariño es Iván Duque, quien resultara ganador en la segunda vuelta de las elecciones generales de junio pasado.

Y el hecho es que la situación no ha cambiado. No paran las amenazas y los asesinatos de quienes ejercen una labor local en defensa de los derechos humanos, algunos como protectores del agua y del medio ambiente y otros como garantes de restitución de tierras a desplazados por el conflicto armado de más de medio siglo.

De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo más de una veintena de activistas comunitarios han sido ultimados desde que Duque asumiera la presidencia en agosto último.

Una vez electo Duque afirmó que como presidente trabajaría intensamente por la protección de todos los líderes sociales y políticos y porque los responsables de esos delitos sean llevados a la justicia y tengan además una sanción ejemplar.

La firma de abogados responsabiliza de manera categórica al presidente Duque, al afirmar que éste no ha dado una respuesta concreta a esta problemática social, ni ha presentado un plan de garantía con miras a la protección de los líderes sociales, defensores de derechos humanos o miembros del gremio campesino y étnico.

Los departamentos con más índices de asesinatos son Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Chocó, donde actúan grupos armados que aun permanecen impunes o invisibilizados por las autoridades colombianas.

Colombia vive una oleada de violencia en las zonas rurales, donde deberían estarse implementado proyectos de paz, que lleven al desarrollo de esos lugares devastados por más de cincuenta años de conflicto armado.

La realidad es que la paz no ha llegado a esos territorios y lo más preocupante es que, como señala un informe de la organización no gubernamental “Somos defensores” es que la mayoría de los asesinados trabajaban en la implementación de algún punto del acuerdo de una paz tan necesaria para una sociedad desgastada por décadas de guerra.