Por Arnaldo Musa

Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina, la 'justicia' del país suramericano ha emprendido seis procesos para enjuiciar y condenar a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, todos fracasados por estar construidos sobre acusaciones endebles, carentes de lógica y, sobre todo, con una falta de profesionalidad que no puede esconder la deshonestidad.

A diferencia de la gran preparación con que sacaron a la palestra en Brasil al fiscal Sergio Moro, deja mucho que desear el personal encargado en Argentina del entramado que se levanta en estos tiempos contra líderes políticos latinoamericanos para sacarlos de la política y acelerar el proceso de neoliberalismo emprendido por las transnacionales y oligarquías obedientes a Washington.

O sea, un fracaso más del millonario Macri en la política argentina, traducido en un fracaso económico estruendoso y en manifestaciones de protesta ante medidas que incrementan el desempleo y la pobreza.

El Presidente ha tenido que acudir al Fondo Monetario Internacional para salvar la economía e inversiones de los ricos, entre los que está su familia, por lo que ve en peligro una nueva aspiración a reelegirse, solo posible por esos vaivenes que burlan y birlan el deseo popular, y en ese contexto está el de meter en prisión a la actual senadora.

Cristina, que no es comunista, ni socialista, solo una política que trata de hacer lo mejor para el argentino, también ha sido involucrada en otros dos procesos, también fallidos, como aquel del sabotaje a una instalación judía, en el que trataron de vincularla con Irán, y la no aclarada muerte del juez que llevaba el caso.

Mientras a Sergio Moro, bien entrenado en Estados Unidos, los mayoritarios medios derechistas lo convirtieron en todo un héroe por haber logrado el encarcelamiento de Lula, para evitar que fuera electo presidente, los jueces argentinos han mostrado bastante desnivel de preparación frente a la defensa de Cristina.

En el más reciente proceso, el juez Claudio Bonadío reconoció que no había prueba alguna contra la acusada, pero dejó abierto el caso 'por si acaso aparecía algo', mientras la manipulada prensa de los millonarios se desgañitaba en insultos a la exmandataria, impotente ante la nueva demostración de inocencia. Bonadío dijo desde el principio que las pruebas eran lo de menos, reconoció que no había evidencias, pero decidió procesarla junto a su familia y otros imputados que no tenían relación con los Kirchner.

Proceso sin evidencias

Incluso, fuentes noticiosas internacionales que no simpatizan con los Kirchner admitieron que el juez no encontró ninguna evidencia de que esa familia hubiera concretado alquileres ficticios, ni alquileres a valores que no eran de mercado; ni tampoco detectó pagos en efectivo, sino que se demostró que todos los movimientos de dinero de la sociedad familiar Los Sauces fueron a través de cheques y depósitos bancarios.

Sin embargo, el magistrado —sin prueba alguna— diseñó un fallo en el que acusó a los Kirchner y a otras 18 personas de integrar una asociación ilícita —pese a que la mayoría de los procesados no tienen relación alguna entre ellos—; lavar dinero —pasando por encima del hecho de que todos los movimientos fueron bancarios— y negociaciones incompatibles con la función pública, pese a que los imputados ya habían sido sobreseídos de esa acusación.

Pero lo más impactante de las 392 hojas del fallo es que el magistrado virtualmente admitió que la causa es un armado político —una verdadera Operación Bonadío—, ya que se declaró incompetente, y sostuvo que de ahora en adelante debe investigar el juez Julián Escolino, quien tiene expedientes con el mismo objeto procesal: alquileres, obra pública, asociación ilícita.

Desde el primer momento, Bonadío fue cuestionado por haber fabricado un expediente-colectora, duplicado, de otras causas. Finalmente, sin haber encontrado pruebas, terminó admitiendo su maniobra.

La hipótesis básica de la acusación de Bonadío es la existencia de una banda que encabezaron Cristina Fernández de Kirchner, junto a Néstor Carlos Kirchner y Máximo Carlos Kirchner, en un primer momento, de haber armado una empresa denominada Los Sauces S.A., con fecha 7 de noviembre del 2006, con el objeto de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente por Néstor Carlos Kirchner y la imputada cuando ejercieron la primera magistratura de la República.

Ninguno de los elementos de esa hipótesis se demostró. El magistrado ordenó 40 allanamientos en los que se cubrieron las 13 propiedades de Los Sauces. En cada uno de los procedimientos se encontró a los respectivos inquilinos, de manera que no se pudo probar la existencia de ningún alquiler simulado.

La conclusión de inocencia es evidente: si los alquileres eran reales y los precios de mercado, no implicaban ninguna coima ni transferencia oscura.

Bonadío ordenó una pericia contable que no encontró irregularidades. Como ya señaló el abogado de los Kirchner, Carlos Alberto Geraldo, esos contratos fueron secuestrados en allanamientos concretados por otros jueces, lo que prueba que Bonadío —como reconoció finalmente— investigaba el mismo objeto procesal que otros magistrados.

Y lo que también juega contra el juez es que a los Kirchner no se les encontró ninguna cuenta en el exterior, ni dinero no declarado, ni sociedades offshore que evidencien la operatoria de coimas.(Tomado de CubaSí)