Por: Roberto Morejón

El presidente estadounidense, Donald Trump, apeló a su herramienta predilecta, las sanciones, al aplicarlas contra la vicemandataria primera de Nicaragua, Rosario Murillo, y un asesor, y llevar así las relaciones a su peor momento en muchos años.

Las penalizaciones por alegados actos de corrupción y violación de los derechos humanos sitúan nuevamente al gobierno estadounidense como autotitulado juez y gendarme internacional.

Se trata de un papel no otorgado por nadie, pero jugado por las administraciones norteñas, las mismas que fabrican “amenazas” y “enemigos”.

Las sanciones contra personalidades nicaragüenses se acompañaron por un decreto ejecutivo para declarar al país centroamericano como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

Tal y como el ex presidente Barack Obama lo hizo con Venezuela, ahora Estados Unidos hace el ridículo al colocar a Nicaragua en una clasificación insostenible, porque preconiza la paz y menos aún declaró la guerra contra otro Estado.

A pesar de ello, el Senado estadounidense aprobó la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua, conocida como NicaAct, para limitar su acceso a préstamos internacionales.

Mueven a la condena los atropellos estadounidenses contra una nación que solo rechaza la intervención foránea en sus asuntos internos mientras neutraliza el intento de un golpe blando de la oposición.

Fuerzas políticas, empresarios y delincuentes desataron el caos en Nicaragua a partir de abril, con el pretexto de que el gobierno reformaría la seguridad social.

Si bien el presidente Daniel Ortega retiró la propuesta, prosiguieron los tranques de carreteras, asaltos a dependencias estatales y asesinatos de simpatizantes del sandinismo.

El banderín de los cabecillas del complot antigubernamental cambió bruscamente. Ya no rechazaban un proyecto oficial y buscaban la caída del presidente Ortega.

La reacción del Estado ante el intento de descarrilar al país fue recobrar el orden al amparo de las leyes.

Estados Unidos y sus aliados desataron entonces una hostil campaña con los peores calificativos hacia el gobierno nicaragüense e intentos de aislarlo.

En ese contexto se insertan las sanciones de la administración Trump a Nicaragua, pero el gobierno no cederá a las presiones.

Es cierto que la desestabilización provocó daños a la economía, aunque el presidente Ortega y sus colaboradores, apoyados por una parte significativa de la población, confían en vencer las dificultades.

Si bien no hay atisbos de diálogo con los opositores, la alternativa permanece latente.

En Washington se irritan porque las calles de las ciudades nicaragüenses permanecen tranquilas y los pobladores tratan de aumentar las producciones y destraban el comercio interno.