Por Roberto Morejón
Dos decisiones de la justicia en países regidos por la derecha, Argentina y Brasil, casi coincidieron en tiempo, para confirmar la influencia de los políticos sobre ese ámbito.
La Cámara argentina de Apelaciones ratificó el procesamiento por alegada asociación ilícita de la expresidenta Cristina Fernández, involucrada junto a ex funcionarios y empresarios en una causa por supuesta aceptación de sobornos.
El fallo fue más indulgente con los empresarios que con la senadora y sus ex colaboradores, además de adolecer de pruebas contundentes.
En Brasil, el presidente del Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli suspendió la decisión del juez Marco Aurelio, quien anteriormente ordenó la liberación de los presos en cumplimiento de condenas provisionales.
La medida abortada con febril rapidez iba a beneficiar al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, quien habría abandonado la cárcel en la sureña ciudad de Curitiba, donde purga una sentencia por supuestos delitos de corrupción.
El clan del ultraderechista presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y la cúpula militar contribuyeron a coartar la excarcelación de Lula.
En Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Honduras y otros países el sistema judicial se vincula con la política.
América Latina sufre la politización de la justicia como una táctica de la derecha para aniquilar opositores, atemorizar a los movimientos sociales y perpetuarse en el poder.
En las democracias representativas de nuevo cuño replantean el neoliberalismo y la represión y colocan a la justicia en un papel fundamental en la controversia política.
Los magistrados toman partido en la porfía entre progresistas y conservadores, actúan a favor de estos últimos y dejan atrás la época cuando solo operaban como moderadores y aseguraban el cumplimiento de las leyes.
Expertos en la materia denuncian la inclinación de jueces latinoamericanos hacia el realismo jurídico estadounidense que los ayuda a blindarse teóricamente.
La tan promulgada división de poderes en el capitalismo se diluye peligrosamente en países regidos por fuerzas reaccionarias y donde los gobiernos con ese tinte intervienen en la constitución de tribunales.
Hoy la justicia en países con gobiernos de derecha exhibe raseros diversos según la proyección de los encausados.
El poder mediático, asociado a grupos oligárquicos y empresariales, ampara el sometimiento del ámbito judicial a la derecha y ayuda a imponer la imagen de corruptos a figuras progresistas.
La senadora Cristina Fernández afirmó que en Argentina existe un “Partido judicial a la carta”. La apreciación es extensiva a otros países del subcontinente.
