Por: María Josefina Arce
Nicaragua es una de las naciones latinoamericanas que ha logrado un sostenido crecimiento económico en los últimos años y notables logros en cuanto a la seguridad ciudadana, dados los programas sociales puestos en marcha por el gobernante Frente Sandinista de Libración Nacional.
Pero la paz y tranquilidad forjadas durante años de trabajar a favor de toda la sociedad y sobre todo de los más humildes, se vio alterada en 2018, por las maniobras de la derecha, apoyada por círculos de poder de Estados Unidos.
Una reforma a la seguridad social fue el pretexto esgrimido para desatar violentas acciones que buscaban desestabilizar al gobierno sandinista, poniendo en riesgo los logros económicos y sociales de los últimos años.
Bloqueos de carreteras que impidieron la libre circulación de productos y personas, así como saqueos y actos vandálicos contra instituciones estatales caracterizaron el panorama político de los últimos meses en Nicaragua, donde la mayoría de la población sin embargo, se pronunció por la paz.
Lo cierto es que las protestas violentas han provocado a la nación centroamericana pérdidas económicas por más de mil 300 millones de dólares, ante la paralización de las actividades comerciales y turísticas.
El Consejo Superior de la Empresa Privada estimó que esto significa una caída del 10 por ciento del sector productivo de Nicaragua, lo que ha afectado económica y laboralmente a más de 400 mil nicaragüenses.
De hecho la economía nicaragüense decrecerá en este año, luego de años de marcar la diferencia en la región centroamericana. Un estudio de la CEPAL, Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, estima que el 2018 cerrará para esa nación con un pobre crecimiento de 0,5 por ciento.
A las pérdidas ocasionadas por las protestas alentadas por la reacción se suman las sanciones adoptadas por Estados Unidos. Hace pocos días el presidente norteamericano, Donald Trump, promulgó la llamada Acta de Nicaragua, aprobada por el Congreso norteamericano.
La ley no solo sanciona a funcionarios nicaragüenses, sino que ordena a representantes de Estados Unidos en organismos internacionales oponerse al otorgamiento de préstamos.
Se trata de fondos que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha destinado a poner en marcha programas sociales que han mejorado las condiciones de vida de todos los ciudadanos, fundamentalmente de los sectores más vulnerables como mujeres, niños y ancianos.
Contra Nicaragua se ha seguido el mismo guión que contra otros países latinoamericanos con gobiernos progresistas. Se adoptan sanciones para asfixiar económicamente al país, lo que afecta a la gran mayoría de la población, y se incentivan acciones violentas para intentar sembrar el caos.
El objetivo es derrocar al gobierno progresista y poner a uno que responda a los intereses de la oligarquía, que implemente una política neoliberal para echar por tierra los avances registrados en la economía, salud y educación, entre otros aspectos, y que llene los bolsillos de los más ricos.
