Por: Roberto Morejón

El gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela garantizarán la asunción del presidente Nicolás Maduro para su próximo mandato, acorde con el resultado de los comicios de mayo de 2018, aunque el hostigamiento externo crece.

Lo que debería ser un proceso natural de acatamiento de la decisión de la mayoría de los venezolanos se enfrenta a una febril campaña de Estados Unidos y la derecha del subcontinente para deslegitimar el acto del venidero día 10.

El llamado Grupo de Lima, incitado por gobernantes conservadores, el presidente estadounidense, Donald Trump, y la desacreditada OEA amenazan con la retirada de embajadores para ignorar el nuevo mandato de Maduro.

Con la alegación de que los comicios en Venezuela fueron fraudulentos y sin aportar pruebas, los mencionados regímenes junto a Canadá y países europeos pretenden cercar a la Revolución Bolivariana.

En franca injerencia en los asuntos internos de Venezuela, las partes mencionadas descalificaron la validación de observadores internacionales del ejercicio democrático del año último, al que no quiso acudir una oposición fragmentada por órdenes desde el exterior.

También por esas presiones fue imposible plasmar un acuerdo a inicios de 2018 entre los adversarios de la Revolución Bolivariana y el gobierno a favor de la paz interna.

Como si ese fracaso les fuera insuficiente, algunos cabecillas de la dispersa oposición participaron en el intento de asesinato de Maduro el 4 de agosto de 2018.

Los adversarios del proyecto de justicia social vigente en Venezuela también aplauden las sanciones internacionales que, comandadas por la administración Trump, provocaron al país sudamericano pérdidas por 20 mil millones de dólares en 2018.

Ciertamente, la patria de Hugo Chávez atraviesa una coyuntura difícil por la carencia de algunos productos y medicamentos como resultado de la guerra económica. No obstante, millones de venezolanos votaron por la opción revolucionaria y la derecha quiere escamotear ese pronunciamiento mayoritario.

Muchos confían en que el plan económico del gobierno dirigido a la recuperación logre crecimientos de la producción petrolera y minera y neutralizar la inflación.

El gobierno asegura que ninguna acción externa impedirá la asunción de Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela moviliza a los pobladores para acompañar al presidente.

Maduro jurará su cargo ante la Asamblea Constituyente, órgano plenipotenciario que redactará una nueva Carta Magna, y reiterará la invitación al diálogo.

Ante tan loables objetivos, la comunidad internacional debería exigir que las fuerzas del odio dejen a los venezolanos decidir su propio destino.