Por: Guillermo Alvarado

El denominado Grupo de Lima está formado por algunos países de la región a instancias de Washington para que, ante el desprestigio abrumador de la Organización de Estados Americanos, sirva como punta de lanza contra la República Bolivariana de Venezuela y otras naciones con gobiernos progresistas.

No es parte de los mecanismos multilaterales a nivel mundial o continental, por más que algunos medios de prensa occidentales intenten de manera falaz atribuirle esa calidad. Es una especie de club, o más exactamente un cartel si nos atenemos a la definición de este término, que es la unión de empresas -o países- creada para defender intereses comunes, sean lícitos o ilícitos, y eliminar o controlar a la competencia.

En el caso de este grupo el interés común es captar el beneplácito de Estados Unidos, generalmente expresado en generosas ayudas económicas y financieras, siempre y cuando sigan las órdenes u orientaciones emitidas desde la capital del país norteño.

Se trata, pues, de un cartel genuflexo, dócil, un caballo de madera similar al que utilizaron los griegos para destruir a Troya, su principal rival en la navegación marítima y el comercio en aquella época.

Carece de legitimidad y de moral y viola principios fundamentales de la convivencia internacional, entre ellos la no intervención en los asuntos internos de los Estados y la incitación al uso, o la amenaza del uso de la violencia para romper el orden institucional en un país soberano e independiente.

Lo que llama poderosamente la atención y podría causar hilaridad, de no ser un asunto tan serio, es la presencia en este club de algunos gobiernos que se creen en situación de dar lecciones de democracia, o de lanzar piedras hacia el vecino cuando su techo, si lo tienen, es del más frágil de los cristales.

Tal el caso, por ejemplo, de Guatemala, un Estado de papel creado para beneficiar a pequeños grupos que se van turnando en el ordeño de los escasos recursos públicos, creando cadenas de impunidad que no se han logrado romper, a pesar de estar presos un presidente y su vicepresidenta, los dos por corrupción.

Más trágico aún es el caso de Panamá, donde recientemente se cumplieron 29 años de la sangrienta invasión de Estados Unidos que destruyó una parte de la capital, incluyendo la más pobre, el barrio de El Chorrillo, y dejó entre dos mil 500 y tres mil 500 civiles muertos y cuyo gobierno ahora se pone al servicio de los verdugos para provocar en otra nación hermana una barbarie semejante, o peor.

Casi jocoso suena el presidente de Colombia, Ivan Duque, cuando reclama respeto a los derechos humanos en Venezuela, olvidando que desde su toma de posesión, en agosto pasado, fueron asesinados 90 líderes sociales -de ellos cinco en los primeros seis días de 2019- ante el silencio cómplice de las autoridades que no pueden, o no quieren, detener este sistemático exterminio.

Estos son algunos de los que ahora predican la violencia contra el pueblo de Venezuela. Hay más, que no son mejores que los citados, pero que por cuestión de tiempo y espacio trataremos en próximos trabajos.