Por María Josefina Arce
Primero fue Venezuela y ahora es Nicaragua, ante los fallidos intentos de Estados Unidos y de su ministerio de colonias, como llamara el intelectual y canciller cubano Raúl Roa a la Organización de Estados Americanos, de aplicar a Caracas la Carta Democrática de la OEA.
Ante el fracaso, el objetivo nuevo es Nicaragua, donde también existe un gobierno elegido democráticamente en las urnas por la mayoría de su población, pero que tampoco es del agrado de los vecinos del Norte, que buscan retornar a los tiempos de “América para los americanos”.
Surgida para supuestamente contener los golpes de estado que caracterizaban a América Latina, la denominada Carta Democrática de la OEA se ha convertido en un instrumento colonialista e injerencista.
Los intentos de Luis Almagro, secretario general de la OEA, y de otras naciones que también servilmente se han alineado con Washington de aplicarla contra Venezuela no fructificaron, gracias a la actitud valiente de otros países, entre ellos los del Caribe.
Pues entonces es ahora el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua el que centra la atención de la OEA, entiéndase Estados Unidos, que ya ha venido adoptando una serie de sanciones contra la nación centroamericana para desestabilizarla y dar al traste con la Revolución Sandinista.
No contento con apoyar las acciones violentas y los actos de vandalismo que se desataron en territorio nicaragüense a partir de abril último, Washington quiere ahogar económicamente a Managua y adoptó la llamada Acta Nicaragua, para frenar el financiamiento de organismos internacionales que se destinan fundamentalmente a programas a favor de los sectores más humildes.
Estados Unidos quiere estrechar el cerco y recurre nuevamente a la OEA, que por indicación de su secretario general se reunirá el venidero día 11 para examinar la posibilidad de aplicar la Carta, que objetivamente debería invocarse cuando hay una alteración o ruptura del orden constitucional.
Sin embargo, para esta ilegítima acción es necesario el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes del organismo hemisférico, una mayoría difícil de conseguir, lo que quedó evidenciado en las maniobras contra el pueblo venezolano.
De ilegal, sin fundamento jurídico calificó Nicaragua el plan de Almagro y sus seguidores, pues en la nación centroamericana está al frente el gobierno elegido por el pueblo en las urnas. La aplicación de la Carta por tanto, serviría para justificar una acción contra ese estado, cuyas autoridades han llevado salud y educación, entre otros derechos, a toda la población.
