Por: Roberto Morejón

La anunciada revisión del apartado más explosivo de la anticubana Ley Helms-Burton por la administración estadounidense genera rechazo internacional.

En la península de la Florida, organizaciones de emigrados cubanos impugnaron el título III y el resto de la ley Helms Burton, uno de los sustentos del bloqueo contra el archipiélago caribeño.

Mientras en Miami los pronunciamientos calificaban de injerencista la posible activación del acápite mencionado, en Londres la Campaña de Solidaridad con Cuba condenaba las intenciones de Estados Unidos de endurecer el cerco contra la nación antillana.

Las denuncias están en sintonía con la peligrosidad del informe dado en Washington sobre la revisión del título III de la Ley Helms-Burton para su potencial instrumentación.

Si se concretara el apartado actualmente en suspenso, los estadounidenses podrían demandar ante la justicia local a empresas de otros países con negocios en propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano.

La suspensión reiterada de ese apartado por todas las administraciones desde mil 996 cuando se aprobó la virulenta Helms Burton, indica que valoraron su grave impacto en las relaciones internacionales.

Si la alegada valoración del título III notificada por el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, condujera a su plasmación, sería una violación del Derecho Internacional.

Implicaría un acto hostil a la soberanía de terceros países y un efecto adicional a las ya copiosas diferencias entre La Habana y Washington.

El rechazo de los cubanos hacia ese gobierno aumentaría notablemente porque cada uno podría ver cómo se presentan ante tribunales demandas por la propiedad de su vivienda o la empresa donde trabaja.

El gobierno cubano llevaría nuevamente a la actualidad el derecho de este país a recibir un resarcimiento por el impacto del bloqueo estadounidense y otras medidas de hostilidad.

Un tribunal antillano aceptó en mil 999 la demanda del pueblo contra el gobierno estadounidense por daños humanos y lo sancionó a indemnizarlo por más de 120 mil millones de dólares.

Si en definitiva la administración conservadora estadounidense diera luz verde al título III de la ley Helms Burton también perjudicaría a los tribunales de aquel país, sobrepasados por las reclamaciones.

Y obligaría a naciones que, como las europeas, NO reconocen la extraterritorialidad del bloqueo a asumir otras alternativas para invertir en Cuba.

Todavía queda un margen para que la maniobra NO se consume si predomina la cordura.

De lo contrario, Cuba NO reconocerá ningún fallo amparado en esa letra y las relaciones bilaterales se harán más tensas. FIN