La mayoría de los países de América Latina y El Caribe alcanzaron su independencia de las metrópolis europeas en el siglo XIX y son desde entonces naciones soberanas, muchas a costa de prolongadas y sangrientas guerras que costaron la vida a sus mejores hijos y grandes sufrimientos a sus pueblos.

Esto no es un detalle en la historia, sino acontecimientos heroicos que dibujaron un nuevo paisaje en el ordenamiento social y político del mundo.

Lamentablemente, muchos de los descendientes de aquellos que ahogaron en sangre este continente en una brutal conquista, perpetrada en base a la superioridad militar  y la creencia en un derecho divino que les daba permiso para exterminar a millones de seres humanos considerados inferiores, todavía parecen portar en sus genes estas odiosas ideas y siguen considerándose dueños de los que ya rompieron sus cadenas.

Así lo indica la arrogante posición asumida por la Unión Europea con respecto a Venezuela a la que se atrevieron a imponer un ultimátum, como si ésta fuese aún una provincia del reino español.

En una declaración con rancio aroma a ukase imperial, los miembros de ese grupo continental, instigados, como no podía ser de otra manera, por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijeron que "Si no se anuncia la organización de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los próximos días, la UE adoptará medidas adicionales, incluida la cuestión del reconocimiento del líder del país en línea con el artículo 233 de la Constitución venezolana".

No solo ignoran la historia, sino que también tienen un craso desconocimiento de la legislación y realidad de lo que ocurre en la Patria de Bolívar.
El citado artículo 233 de la Carta Magna dice que en caso de falta absoluta del  presidente del país por causa de muerte, incapacidad, renuncia o destitución, corresponde al presidente de la Asamblea Nacional organizar elecciones.

Nicolás Maduro, afortunadamente, goza de muy buena salud, no ha renunciado, ni fue destituido de su cargo, para el que resultó electo por un contundente 57 por ciento de votantes en elecciones libres, transparentes y democráticas celebradas en 2018.

En esos comicios, por cierto, hubo abundantes observadores europeos que dieron fe de la calidad de la organización y desarrollo del evento, cosa que evidentemente los líderes del bloque continental ignoran u omiten.

La Unión Europea no tiene ningún derecho a intervenir en los asuntos internos de país alguno de América Latina y El Caribe. Por el contrario, lo que corresponde es que pidan perdón a nuestros pueblos por el genocidio perpetrado durante la conquista y la colonia, así como por el robo de ingentes riquezas que financiaron el desarrollo de muchos de sus países, incluyendo España y Francia, que junto a Alemania encabezan la agresión contra el gobierno del presidente Maduro.

Los principios de la Revolución francesa que alguna vez iluminaron al mundo, la Libertad, Igualdad y Fraternidad, parecen haber caído al abismo del olvido. Por si acaso, a la Unión Europea le recordamos otro, muy latinoamericano y establecido por el primer presidente indígena de nuestro continente, el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, quien sentenció que el respeto al derecho ajeno, es la paz.