Por: Guillermo Alvarado

Habitan en Guatemala por lo menos seis millones de indígenas, pero la gran mayoría de ellos todavía viven en condiciones muy similares a las de la colonia porque sufren una atroz discriminación, son sobreexplotados laboral y económicamente, resultan víctimas de la trata de personas y padecen grandes dificultades para acceder a los servicios elementales de educación y salud.

Debo puntualizar que hablo de “por lo menos seis millones”, porque eso es lo que indican las estadísticas oficiales, según las cuales el 41 por ciento de la población es miembro de alguna de las 22 etnias originarias, si bien hay otros datos que indican un porcentaje mayor a los 60 puntos.

El caso es que de acuerdo con un reciente informe del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, los indígenas siguen siendo sometidos a discriminación y racismo, sufren agotadoras jornadas laborales y son tomados en cuenta nada más que para presentarlos como productos culturales destinados al turismo.

Sus autoridades locales son ignoradas y su cosmovisión desvalorada, una actitud que tiene su punto de partida en la conquista y la imposición de patrones culturales ajenos, entre ellos el idioma, el vestido y la religión.

Todavía es común que a sus líderes espirituales se les imponga el apelativo de “brujos”, introducido por los españoles y que costó a vida a miles de ellos a manos de la tenebrosa inquisición.

Desde entonces y hasta la fecha son sujetos del robo sistemático de sus tierras y sus recursos naturales y cuando se organizan para su defensa muchos de sus activistas son asesinados, o apresados y condenados a largas penas bajo cargos ridículos, como terrorismo o agresión a las autoridades.

Los terratenientes los han desalojado de sus tierras aprovechándose de que entre estos pueblos la propiedad se transmite de una generación a otra, pero carecen de documentos legales que la certifiquen y el Estado jamás ha acometido esa tarea.

Defender el territorio, los recursos naturales o el medio ambiente es una actividad muy peligrosa en Guatemala, pero mucho más si se trata de dirigentes indígenas.

En un país que figura entre los más desiguales del mundo, son las comunidades originarias las que sufren el mayor impacto de la pobreza, discriminación, falta de oportunidades, de acceso a la educación en todos sus niveles y servicios de salud. Muchos habitantes en lugares intrincados tuvieron la oportunidad de ver a un médico y recibir atención por primera vez en su vida, cuando los colaboradores cubanos llegaron luego del paso del huracán Mitch, en 1998.

El abandono al que son sometidos por parte de los gobiernos se nota en la enorme brecha en la calidad de vida entre el campo y la ciudad. No existen, de hecho, estadísticas diferenciadas sobre los pueblos indígenas y el colmo es que muchos nacimientos no son asentados en el registro de personas, por lo que miles viven y mueren sin dejar huella legal de su existencia, como fantasmas originados por un régimen que en términos prácticos no ha cambiado mucho en más de 500 años.