Por María Josefina Arce
Para el presidente argentino, Mauricio Macri, la economía del país comienza a ordenarse, una afirmación que de acuerdo con muchos ciudadanos es una falacia cuando ante la constante subida de los precios deben ajustarse aún más los cinturones.
Desde diciembre de 2015 cuando llegó a la presidencia Macri, los argentinos no han dejado de vivir agónicas jornadas ante el aumento de los precios de los alimentos y los servicios básicos como la energía, el agua y el gas.
Solo en 2016 se registró un aumento promedio de 500 por ciento en el costo de la luz y más de 600 del gas en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país, de acuerdo con los expertos, los niveles de aumento fueron menores , pero nunca por debajo de 300.
Una situación que se mantuvo en el 2017 y 2018, año este último en que la economía tocó fondo con la estrepitosa caída del peso argentino ante el dólar, una inflación de más de 47 por ciento, la más alta en 27 años,
y una contracción de la economía de 2, 6 por ciento.
Ante la crisis económica el gobierno de Macri pactó un crédito de más de 50 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, conocido por sus políticas de ajuste que ahondan la desigualdad.
Por tanto, el 2019 no ha empezado distinto. En enero comenzó una subida escalonada de las tarifas de todos los transportes públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires, la capital.
A lo largo de los diez meses restantes se incrementarán las tarifas de la luz en un 55 por ciento y del gas en un 35 por ciento.
El rechazo a las medidas de ajuste del gobierno es cada vez mayor y los argentinos han tomado las calles en varias ocasiones este año. De hecho en las últimas horas se volvieron a manifestar ante la incertidumbre que viven cada día.
Los manifestantes se concentraron en las emblemáticas avenidas de Mayo y 9 de julio, en Buenos Aire, para mostrar su descontento por las más recientes medidas de aumento en las tarifas de transporte, electricidad y gas, sumadas a la inflación en los precios de los alimentos y los constantes despidos.
Los organizadores de la protesta, que se extendió a otras regiones del país, señalaron que se encuentran sin los alimentos necesarios para asistir la emergencia de las familias y con el cierre de los programas sociales.
Afirmaron que el reconocimiento por el gobierno de que la pobreza sigue aumentando es un discurso vacío. Hace falta, señalaron, la creación de puestos de trabajo, el aumento de la asistencia y la apertura nuevamente de los programas sociales.
El hecho es que un tercio de los argentinos vive en la pobreza, y la situación no parece que mejorará en un futuro inmediato, pues los expertos estiman que solo a partir de 2024 podría comenzar a experimentarse una mejoría en la economía de Argentina, pero que está subordinada ahora, no olvidemos, a los designios del Fondo Monetario Internacional.