Por: Roberto Morejón

La autorización de demandas en Estados Unidos únicamente contra un grupo de compañías cubanas anunciada por el Departamento de Estado refuerza peligrosamente el genocida bloqueo, y busca entorpecer la inversión extranjera en el archipiélago caribeño.

En arreglo con el hasta ahora suspendido título III de la Ley Helms-Burton, el gobierno del país norteño permitirá la presentación de reclamos contra empresas en Cuba anteriormente penalizadas por supuestos nexos con la defensa y seguridad, gracias a una lista absurda y espuria.

O sea, el acápite de la Ley Helms Burton continuará suspendido por un mes más, aunque se admitirá las solicitudes de compensaciones por propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución Cubana.

Se pasa por alto que ese proceso se llevó a cabo legalmente, en acatamiento de la Constitución y anuencia con el Derecho Internacional.

Las nacionalizaciones en Cuba incluyeron compensación justa y apropiada que el gobierno de Estados Unidos se negó a valorar.

Por otro lado, la extensión por solo 30 días de la suspensión de la posibilidad de iniciar acciones judiciales en contra de entidades cubanas y extranjeras, con vínculos en este territorio caribeño, amenaza al mundo y trata de frenar el flujo inversionista.

Como se recordará, los presidentes estadounidenses aplazaron invariablemente la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton ante la tenaz reacción de naciones con intereses económicos en Cuba.

Respondieron entonces a lo que consideraron un atropello de Washington e incluso hasta la Unión Europea denunció a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio.

En desafío a aquella postura, la administración de Donald Trump desempolva la insultante Ley Helms Burton y su título III.

Con ello desconoce la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas de mil 996.

Su articulado establece que la Ley Helms-Burton es ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno y considera nula toda reclamación amparada en esa ordenanza.

Debe destacarse que la manipulación de esa herramienta legal se inscribe en una creciente hostilidad porque la Casa Blanca ordenó antes intensificar la persecución a transacciones financieras de Cuba, retiró personal diplomático y endureció las prohibiciones de viaje de los estadounidenses.

Como opinaron analistas, permitir demandas en tribunales estadounidenses contra compañías afincadas en Cuba hará más intrincadas las eventuales negociaciones para dirimir las reclamaciones.

Y NO hará desistir a Cuba de su empeño por fortalecer la presencia de capitales y tecnologías externas en el desarrollo de la economía.