Por: Roberto Morejón

España fue la autora del primer rechazo público a la anticubana Ley Helms-Burton, después de su restablecimiento parcial por Estados Unidos, con amenazas de ponerla en vigencia totalmente.

En formulaciones en Washington con un alcance resaltado por analistas, el ministro español de Relaciones Exteriores, Joseph Borrell, afirmó que su gobierno se opone por principios a la activación del título III de la Ley Helms-Burton.

Como se sabe, ese cuerpo suspendido por varias administraciones estadounidenses permitiría reclamar ante tribunales de la nación norteña empresas y otras propiedades nacionalizadas por Cuba.

De acuerdo con la agencia española EFE, el jefe de la diplomacia del país  europeo transmitió a su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, su rechazo a la activación de una medida legal destinada a endurecer lo que el medio noticioso denominó embargo, en referencia al bloqueo.

Si bien la entrevista con Pompeo fue calificada de cordial por Borrell y este último evaluó de buena la relación con Estados Unidos, el visitante tomó distancia de su anfitrión en casos como Irán y Cuba.

Es cierto que en varios temas ambos interlocutores coincidieron, pero según versiones de prensa, Pompeo escuchó de Borrell expresiones incómodas.

Téngase en cuenta que el enviado de Madrid dijo acerca de la Ley Helms Burton que si se aplica el artículo III “estaríamos RADICALMENTE en desacuerdo” tanto los europeos como España en particular.

Para muchos observadores las expresiones de Borrell son coherentes con la posición de un gobierno defensor de los intereses económicos de sus empresas, una parte de las cuales sostiene excelentes relaciones de trabajo con la mayor de las Antillas.

Como señalara el jefe de la diplomacia española en Washington, el título III de la Helms Burton podría perjudicar a empresas, entre ellas al Grupo Meliá.

Debemos recordar que esa cadena abrió su primer alojamiento en Cuba, el Sol Palmeras, un cuarto de siglo atrás y luego se expandió bajo la fórmula de empresas mixtas, hasta emplear a 10 mil trabajadores y compartir la administración de casi una treintena de hoteles.

Sobre la importancia de mantener e incluso ampliar las relaciones de negocios entre La Habana y Madrid se pronunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita al país caribeño en noviembre último.

Otras naciones de Europa y otros continentes defienden su derecho a invertir en cualquier lugar sin que el engendro legal de la Ley Helms-Burton obstaculice ese propósito, como pretende hacer el gobierno estadounidense.