Por: Roberto Morejón
Un sabotaje al derecho al libre comercio representa la última acción de Estados Unidos contra Venezuela, dirigida a frustrar suministros de petróleo a Cuba.
Inscrito en las desaforadas penalidades contra la Revolución Bolivariana, el país norteño sancionó a 34 embarcaciones de propiedad u operadas por PDVSA, Petróleos de Venezuela, así como a dos compañías por trasladar hidrocarburo a la mayor de las Antillas.
En una manifestación de sus arbitrariedades extraterritoriales, la administración estadounidense infligió recargo igualmente a dos empresas, una con sede en Liberia y otra en Grecia.
Para tratar de argumentar lo inadmisible, el vicepresidente Mike Pence y el secretario norteamericano del Tesoro Steven Mnuchin escribieron y pronunciaron insolentes e irracionales tesis.
En ellas mezclan mentiras burdas con una retórica propia del que se autoconfiere el papel de gendarme mundial.
Más allá de la ilegalidad de las puniciones, el gobierno del país norteño apeló a otro de sus espejismos.
La Casa Blanca insistió en atribuirle a Cuba una alegada intrusión en el curso de los acontecimientos en Venezuela.
Es decir, Washington intenta dibujar a Cuba como puntal del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La idea es descabellada, pues el dirigente bolivariano gobierna para su pueblo y se orienta solo con sus colaboradores.
Cuba sostiene un intercambio económico y social con Venezuela y se abstiene, como en cualquier otro país, de interponerse en los asuntos internos, todo lo contrario de la conducta de Donald Trump.
Fueron el vicepresidente Mike Pence y el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, los creadores de la figura del presidente encargado de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó.
El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela tiene solo el arbitrio de Trump y carece de amparo legal para mostrarse como tal, porque el órgano opositor está en desacato.
Mientras insufla aire a Guaidó y roba la infraestructura petrolera venezolana, Estados Unidos recrudece el bloqueo contra Cuba, al pretender privarla de los suministros de Caracas, legítimamente amparados.
El gobierno venezolano NO se cruzará de brazos e invocará los recursos jurídicos para responder.
Cuba, por su parte, rechazó enérgicamente lo que acertadamente el canciller Bruno Rodríguez conceptuó como piratería económica.
La arremetida contra Venezuela y Cuba va aparejada a la habilitación parcial del título III de la Ley Helms-Burton y la amenaza de reflotarlo en su totalidad.
La administración Trump NO vela por la democracia en Venezuela, solo busca borrar del mapa a gobiernos defensores de la soberanía e independencia.
