Por María Josefina Arce

Tal y como prometió durante su campaña electoral, nada más llegar a la presidencia en diciembre pasado Manuel López Obrador creó una Comisión de la verdad para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que en 2014 estremeció a la sociedad mexicana y del cuál hoy se desconoce aún la verdad.

El gobierno de López Obrador busca esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables, sin importar, ha insistido, el cargo que ocupaban en ese entonces.

Para avanzar en las investigaciones el gobierno mexicano suscribió en los últimos días un acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, mediante el cual esa agencia prestará asesoría y asistencia técnica a la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa.

Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación y un empeño del Estado mexicano, afirmó Michelle Bachelet, alta Comisionada de los Derechos Humanos, en su reciente visita a México.

Los investigadores profundizarán en la versión oficial del anterior gobierno, presidido por Enrique Peña Nieto, que afirma que los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos de Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos que los asesinó e incineró en un vertedero.

Sin embargo, expertos independientes cuestionaron esa versión. Dijeron que era imposible que los estudiantes fueran incinerados en el basurero, ya que en el lugar no se encontró evidencia de que se hubiera quemado ni un solo cuerpo, lo que desmiente la versión de algunos implicados.

La Comisión debe acceder a todos los datos y pruebas, que no podrán ser clasificados como información reservada por estar vinculados a delitos de lesa humanidad.

De acuerdo con el decreto de López Obrador sobre la creación de la Comisión podrá ser investigado cualquier miembro del gobierno y del ejército que esté posiblemente involucrado en aquel lamentable suceso.

Con la asesoría de la ONU la Comisión retomará el estudio de la Procuraduría General de la República para no dejar sin examinar ninguna línea de investigación desestimada o que se dejó a un lado.

El acuerdo con la ONU permitirá no solo avanzar en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, sino en otros muchos sobre distintos delitos que aún permanecen sin respuesta.

Introducir cambios en el sistema judicial mexicano, permeado por la corrupción, es el objetivo del gobierno de Manuel López Obrador, quien busca llevar justicia a muchas familias que bajo distintas circunstancias perdieron a seres queridos.

De acuerdo con datos oficiales en México aún existen más de 40.000 desaparecidos, y sus familiares aún reclaman justicia.

Compromiso con la verdad y la justicia eso demuestran las acciones del gobierno de Manuel López Obrador, quien busca no solo dar respuestas, sino también evitar que casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa vuelvan a traer dolor y desesperanza a la sociedad mexicana.