Por: Guillermo Alvarado

La desclasificación por las oficinas de inteligencia de Estados Unidos de una gran cantidad de documentos sobre la dictadura militar argentina permitió conocer detalles sobre el Plan Condor, una coordinación internacional que fue responsable del secuestro, desaparición o asesinato de decenas de miles de personas en la segunda mitad del siglo pasado.

Se trata de unos 49 mil ficheros donde se demuestra, entre otras cosas, que Buenos Aires fue la oficina central de esa especie de transnacional del crimen en la que participaron los gobiernos dictatoriales de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia.

En esa ciudad se reunían delegados de cada uno de esos países para discutir sobre los blancos seleccionados, el método de operación, los costos económicos y políticos de cada acción y el momento adecuado para ejecutarla.

De acuerdo con los documentos, que fueron enviados por Estados Unidos a la justicia argentina, los encargados de perpetrar los asesinatos aprobados en el Plan Cóndor recibían sueldos de tres mil 500 dólares por diez días, más una tarifa de mil dólares para vestimenta.

Cuando era necesaria una fuerza de tarea para actuar en el extranjero, ésta se formaba con cinco miembros de uno o varios países, según su “capacidad y experiencia”.

De esta manera se decidió el destino de decenas, o quizás cientos de miles de personas en el sur del continente, muchas de ellas ni siquiera miembros activos de grupos de izquierda, sino simples opositores a los gobiernos militares.

Todavía en la actualidad hay una cantidad enorme de familias que ignoran cuál fue el destino de alguno de sus miembros y hay países, como ocurre en Chile, por ejemplo, donde las autoridades han dado largas a la emisión de leyes para acelerar la búsqueda de las víctimas e investigar cuáles fueron las circunstancias de su detención o muerte.

De hecho, la desaparición forzada, como se conoce al secuestro de una persona por agentes de seguridad del Estado, está calificada en las convenciones internacionales como un delito de lesa humanidad, que no prescribe ni es susceptible de recibir indulto y se considera que se sigue cometiendo hasta tener la certeza de lo que ocurrió con la víctima y dónde están sus restos.

Es, además, un acto de extrema crueldad porque prolonga durante años el sufrimiento, temor e incertidumbre de toda una familia.

Hubo casos mucho más perversos, pues luego de secuestrar a mujeres embarazadas esperaron hasta el parto para asesinarlas y luego se apropiaron de los bebés.

Lo que no aparece en los documentos que desclasificó Estados Unidos es cuál fue exactamente la participación de sus aparatos de seguridad e inteligencia en toda esta oscura trama, que no habría podido llevarse a cabo sin la aprobación, asesoría, dirección y financiamiento de Washington. Ojalá y pronto tengamos acceso también a esa información y que eso lleve ante la justicia a los autores, no sólo materiales, sino que también intelectuales de estos crímenes contra la humanidad.