Por María Josefina Arce

Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México en diciembre del pasado año, heredó de los anteriores gobiernos una nación violenta, con un alto índice de asesinatos, secuestros y robo, tomada por los carteles de la droga y una alta corrupción política y judicial.

López Obrador se encontró con el peor escenario de inseguridad en el país y se trazó un programa de gobierno en el que lograr la paz y tranquilidad ciudadana es una de sus ambiciosas y complejas metas, tras décadas de crímenes, extorsiones y la existencia de todo un aparato corrupto.

Una de sus primeras medidas fue la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de Ayotzinapa, municipio del estado de Guerrero, uno de los tantos casos que permanecen sin resolver en territorio mexicano.

Otro de sus pasos ha sido crear la Guardia Nacional, un cuerpo integrado por la policía, el ejercito y la marina que en conjunto velarán por la seguridad pública y que deberá entrar en funciones en agosto próximo.

Y para evitar cualquier abuso de poder o violaciones de los derechos humanos, México suscribió un acuerdo para que la ONU asista el proceso de conformación de ese cuerpo para garantizar el respeto a las prerrogativas ciudadanas.

Pero a la par que se refuerza la vigilancia también se lucha contra el crimen con un programa de desarrollo alternativo que posibilite crear otras fuentes económicas para los hogares y las comunidades que dependen del ingreso provisto por actividades ilícitas.

Igualmente se implementarán programas sociales para los más jóvenes y evitar así que puedan ser seducidos por el dinero fácil, pero producto del crimen y el robo.

Este plan tiene especial significación en las zonas cercanas a las conductoras de hidrocarburos, que durante décadas han sido sustraídos impunemente, con la complicidad de funcionarios de Petróleos Mexicanos, y que ha lastimado las finanzas públicas de la empresa.

Para que se tenga una idea de la magnitud del problema, solo el año pasado se robaron en promedio más de 600 pipas de 15,000 litros al día.

De acuerdo con las autoridades, hace 16 años se aceptaba oficialmente que se robaran 12 MIL millones de pesos, una cifra que en la actualidad ha crecido a más de 60 MIL millones, sin que hasta el momento se hiciera algo.

López Obrador también ha cambiado la estrategia de combate a los cárteles de la droga, pues el enfrentamiento directo con el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país y la persecución y captura de los cabecillas no rindió los frutos esperados.

Ahora el presidente irá directamente a las finanzas de los grupos criminales, cuentas bancarias que congelará para hacer daño donde más los afecta. De hecho implementará la Guardia Financiera, que estará especializada en la investigación del lavado de dinero.

La estrategia para restaurar la seguridad y tranquilidad y poner coto a los crímenes y robos trazada por el presidente le han valido varias amenazas de las mafias de la droga como la de Santa Rosa de Lima y, la respuesta de los criminales de un aumento de la violencia. De hecho durante el primer trimestre de este año se registraron en México siete mil 242 homicidios.

Pero López Obrador está decidido a lograr su meta de que México deje de ser considerado como uno de los países más violentas del mundo. El compromiso y la voluntad política para avanzar en ese camino es fuerte y la estrategia está trazada, sin embargo, no podemos olvidar que la violencia y la corrupción son males arraigados en la sociedad mexicana, que necesita también tomar consciencia.