Por: Roberto Morejón
La apropiación ilegal de la empresa CITGO, subsidiaria de PDVSA, Petróleos de Venezuela, en Estados Unidos, conspira contra el gobierno constitucional en Caracas y le otorga prebendas a opositores serviles a la nación norteña.
Como parte de las copiosas sanciones de la administración del presidente Donald Trump a la Revolución Bolivariana, la primera potencia económica y militar del mundo bloqueó los fondos de CITGO.
Su propósito consiste en fiscalizar la empresa y traspasar su control nominal al autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, un impostor apuntalado por el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Aclaremos que CITGO tiene seis mil empleados y se promociona en más de 5 mil 300 estaciones de servicios.
La caracterización de CITGO ilustra la atracción manifestada por corporaciones económicas y su deseo de controlarla, ahora posible por la impúdica maniobra del gobierno estadounidense para calzar un golpe contra el presidente constitucional, Nicolás Maduro.
Pero NO solo las compañías estadounidenses buscan una tajada del manjar pues la administración de Trump beneficia a sus servidores en Caracas, el autoproclamado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional opositora, en desacato.
Maduro denunció que el magnate inmobiliario en Washington y la asamblea opositora en Caracas maniobran para robarse mil 300 millones de dólares de las operaciones de CITGO, ahora colocada bajo el control de seguidores de Guaidó.
El dignatario constitucional de Venezuela aseguró que al menos 10 por ciento de la cifra mencionada va a parar a los bolsillos de los diputados de la Asamblea en desacato.
Ante la magnitud del robo de activos pertenecientes a Venezuela, las autoridades reclamaron ante tribunales en Estados Unidos y en consecuencia se espera una intensa contraofensiva de los que hoy se favorecen del despojo de CITGO.
Es oportuno recordar que las sanciones estadounidenses contra el gobierno venezolano por impulsar un proyecto alejado de los patrones recomendados por Washington afectan también a otras dependencias de la industria petrolera.
Las penalizaciones financieras bloquean el acceso de Venezuela a la importante cifra de 7 mil millones de dólares y redundarán en la pérdida de hasta 11 mil millones de dólares en exportaciones.
El paquete de castigo persigue el colapso de la industria petrolera porque resulta la mayor fuente de ingresos y CITGO se considera un eslabón vital de la cadena productiva.
Vergonzosamente, el titulado presidente encargado se presta para el robo de CITGO y la repartición de parte de sus ingresos entre los opositores, a pesar de constituir un patrimonio material de Venezuela.
