Por María Josefina Arce

Con total transparencia y disposición de cooperar abrió Venezuela sus puertas a Michelle Bachelet, alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien ya había sido invitada con anterioridad por el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.

La funcionaria de la ONU desarrolló sin contratiempos su agenda de trabajo en la nación sudamericana, donde además de reunirse con las autoridades mantuvo encuentros con la oposición.

El presidente Maduro calificó de positiva la visita de trabajo de Bachelet y expresó la disposición de trabajar con el organismo y en las orientaciones formuladas por la ex presidenta chilena.

Bachelet pudo comprobar la realidad de la situación de Venezuela, que la derecha se ha empeñado en tergiversa para incentivar una intervención armada en el país y deponer al presidente Maduro, ratificado en las urnas el pasado año por la mayoría de la población.

El gobierno venezolano ha llamado al diálogo en incontables ocasiones a la oposición, que ha promovido acciones violentas y una guerra económica que ha incluido alzas desmesuradas de los precios, acaparamiento y contrabando de productos, con la consiguiente afectación a la población.

La situación se ha hecho más tensa por el apoyo brindado a la derecha por Estados Unidos, que ha impuesto sanciones al país sudamericano que atentan contra su desarrollo y los programas sociales llevados a cabo por la revolución a favor de los sectores más vulnerables como niños, mujeres y ancianos.

De acuerdo con datos oficiales, las pérdidas económicas a la economía por las sanciones al país superan aproximadamente los 116 mil millones de dólares, al tiempo que los niveles de ingreso se redujeron en más del 900 por ciento, lo cual significa un obstáculo al desarrollo económico.

Caracas ha denunciado que el bloqueo provoca el incremento de costos por comisiones bancarias, el cierre de cuentas del Estado venezolano y la ilegal apropiación de recursos en dólares y otras monedas por gobiernos extranjeros.

Entre otras consecuencias, las más recientes sanciones han frustrado la transacción de cuatro millones 851 mil 252 euros necesarios para la atención de 26 pacientes venezolanos en Italia, como parte de un convenio de la estatal Petróleos de Venezuela para el trasplante de médula ósea.

Ya en un informe presentado en marzo pasado Bachelet reconoció que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela privan a la nación sudamericana de actuaciones en defensa de los derechos humanos.

Asimismo el pasado año Idriss Djasairi, experto independiente sobre la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo consideró sumamente negativos los efectos de las medidas unilaterales norteamericanas sobre la población venezolana.

"Las coerción ya sea militar o económica nunca debe usarse para buscar un cambio de gobierno en un país soberano, el uso de sanciones por factores externos para derrocar un gobierno electo constituye una violación del derecho internacional", subrayó el experto en su informe.

El gobierno de Venezuela siempre ha manifestado su disposición al diálogo y la cooperación para resolver entre todos los venezolanos los problemas que afectan al país, pero siempre sobre la base del respeto a la constitucionalidad y el derecho internacional.