Por: Guillermo Alvarado

Quizás una de las noticias más destacadas esta semana en nuestro continente fue la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, luego de once días en que los ciudadanos tomaron las calles para exigirle que dejara el cargo por sospechas de corrupción y actos reñidos con la ética y la moral.

El detonante del descontento popular fue la publicación de casi 900 páginas de conversaciones suyas con otros miembros del gobierno por medio de las llamadas redes sociales, donde se utilizaron términos obscenos, machistas, misóginos e insultos contra opositores políticos, lideres sociales y hasta las víctimas del huracán María.

Pero esto sólo fue la clásica punta del iceberg, porque en el fondo habían muchas razones para generar el disgusto de los puertorriqueños, que no cejaron en sus intentos hasta desalojar a un personaje profundamente desprestigiado.

Desde hace meses la justicia puso los ojos en varios miembros del gobierno por sospechas de corrupción, lavado de dinero, fraude electrónico y otras irregularidades y en abril fueron detenidas por la policía la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher, y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila.

Roselló, que estaba de vacaciones, volvió a toda prisa a San Juan y aseguró que no toleraría corrupción en su equipo, pero ya la convicción de que muchas cosas estaban podridas en esa administración era indetenible.

Entre otros temas se le criticaba por el triste manejo que hizo de la crisis económica, dejando en manos de Washington decisiones trascendentales para el futuro de Puerto Rico. Su prestigio cayó en picada cuando prácticamente dio la espalda a la población ante los estragos que provocó el huracán María en 2017 y se negó a reconocer la magnitud de los daños y el número de víctimas.

Dos años después todavía falta mucho por hacer y se desconoce el paradero de 15 millones de dólares entregados por el gobierno federal para atender la crisis.

Por fin, a última hora del miércoles anunció que el 2 de agosto entregará su cargo a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, toda vez que el secretario de Estado, a quien por ley correspondía asumir la gobernación, renunció la semana pasada por el escándalo de los mensajes.

Pasada la euforia por esta victoria popular, muchos se preguntan ahora qué ocurrirá en el futuro inmediato. Una vez demostrada su fuerza en las calles, lo deseable es que la lucha continúe contra el estatuto colonial que Puerto Rico padece a manos de Estados Unidos, que no lo quiere ni como miembro pleno de la unión, ni como país independiente y soberano.

Sería muy triste que se repitiese la experiencia de Guatemala, donde la indignación del pueblo sacó por corruptos a un presidente y su vicepresidenta, sólo para caer después en manos de una administración mucho peor.

Roselló debe enfrentar a la justicia por sus tropelías, pero el camino por un Puerto Rico digno y libre, como legítimo miembro de la comunidad caribeña, aún es largo y pedregoso, pero bien podemos decir que se ha dado un paso firme en esa dirección.