Por: María Josefina Arce

Faltan dos días para que el presidente de Colombia, Iván Duque, llegue a su primer año de gobierno y la opinión de los colombianos es cada vez más desfavorable sobre su gestión y más pesimista sobre el rumbo que lleva la nación sudamericana.

De acuerdo con las últimas encuestas, 68 por ciento no está de acuerdo en como marcha el país y estima que el gobierno no ha dado respuesta a los principales problemas que afectan a la sociedad, entre los que sitúan al desempleo y la corrupción.

Para un 86 por ciento de los entrevistados la falta de trabajo está empeorando. De hecho la tasa de desempleo, según las estadísticas, se encuentran en esos momentos en un 9, 4 por ciento, frente al 9,1 del pasado año.

Hay ciudades como Quibdó y Valledupar donde la situación es crítica. Los datos muestran un indice de desocupación del 20,3 por ciento y 16, 2 por ciento, respectivamente.

En el sector juvenil las cifras son alarmantes. La tasa de desempleo entre los ciudadanos de 18 a 28 años pasó de 16, 1 por ciento en el trimestre abril-junio de 2018 a 17, 2 en el mismo período del presente año.

La corrupción es otra problemática que preocupa a los colombianos, quienes no perciben logros en el enfrentamiento a ese viejo flagelo y que tenían puesta al principio su confianza en el gobernante.

En la mira en las últimas semanas ha estado el Ejército, donde se investigan posibles hechos de corrupción que incluyen mal manejo de fondos y la venta de salvoconductos para portar armas.

Pese a toda esa situación, el último proyecto de ley del paquete de medidas anticorrupción amparado en el referendo popular de agosto de 2018 se hundió en el Congreso.

La inseguridad que ha dominado el último año el acontecer colombiano es otra de las problemáticas que hacen mella en la sociedad, que recibió con júbilo la firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2016 entre la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo, poco se ha hecho por el gobierno de Duque por afianzar esa paz tan necesaria. El país es sacudido constantemente por los asesinatos de líderes sociales y comunitarios, defensores de los derechos de sus pueblos y del medio ambiente.

Igualmente los ex miembros de la fuerza guerrillera, que cumplieron con lo pactado e hicieron dejación de las armas, son ultimados, incluso junto a sus familiares.

Estos sistemáticos asesinatos evidencian la falta de garantías para quienes apostaron por la paz y todavía confían en que es posible su real materialización, y arrojan numerosas dudas sobre el interés del gobierno de llevar adelante un acuerdo que fue calificado de histórico porque habría supuesto el fin a más de 50 años de conflicto armado.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz precisó que de enero de 2016 al 20 de julio de 2019 fueron ultimadas en el país 738 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Nada bien marcha el gobierno del presidente Iván Duque, que para muchos anda más preocupado por la situación en otras naciones, a las que no se cansa de aludir, cuando Colombia adolece de atención para llevar a buen puerto una paz que parece haberse perdido en el camino y que es imprescindible para sanar heridas y avanzar en la conformación de una sociedad más justa y próspera.