Por: Roberto Morejón

La aplicación en su totalidad del artículo III de la Ley Helms Burton por Donald Trump acarreó procedimientos económicos y legales, como el planteado por demandas presentadas en Estados Unidos, amparadas en el referido instrumento anticubano.

Las empresas cubanas Corporación CIMEX y CUPET, Unión Cuba Petróleo, nombraron abogados para contrarrestar en los tribunales estadunidenses una demanda interpuesta por la trasnacional ExxonMobil, escudada en el título III de la Ley Helms Burton.

La citada multinacional se colocó como la primera en acudir a las cortes de Estados Unidos para reclamar a empresas cubanas, luego de la activación del acápite tercero de la Helms Burton por el presidente Trump.

Ese título estuvo en suspenso por 26 años e impidió desatar controversias judiciales costosas y prolongadas que enrarecen los nexos entre Washington y La Habana.

Pero como el agresivo equipo del magnate inmobiliario revirtió el proceso hacia la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ahora se avecinan espinosos litigios.

Los actuales inquilinos de la Casa Blanca son responsables por este nuevo factor de crispación, pues los cubanos no se cruzarán de brazos ante el empuje de una ley neocolonial como la Helms Burton.

Los abogados de la mayor de las Antillas explicarán cómo el proceso de nacionalizaciones acometido por la Revolución Cubana fue justo y legítimo.

Ello contrasta con lo afirmado en Washington y por quienes aducen ser herederos de propiedades nacionalizadas por La Habana.

La nación caribeña ratificará en audiencias que la Helms Burton es inaplicable en el territorio antillano y pondrá en práctica las medidas apropiadas, como dicta la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía cubanas de mil 996.

De manera que se abre en los circuitos judiciales del país norteño un sumario arduo después de que la Exxon Mobil Corporation, anteriormente conocida como Standard Oil, acusara al gobierno cubano de explotar una refinería en el puerto de La Habana.

Si bien no hay precisiones de Cuba al respecto, pudieran esperarse acciones ante algunas de las restantes ocho demandas contra compañías de la nación caribeña, estadounidenses y europeas.

Esas entidades recibieron imputaciones por obtener alegados beneficios de propiedades nacionalizadas en la mayor de las Antillas.

Se sabe además de gestiones de abogados de la compañía de cruceros Carnival, con sede en Miami, en respuesta a un reclamo en su contra por firmar acuerdos con el archipiélago caribeño.

Cuba siempre actuará apegada al Derecho porque es su prerrogativa y, además, así reafirma su protección a los inversionistas extranjeros, a quienes Trump desea atemorizar.