Por: María Josefina Arce

El asedio a Venezuela se ha ido reforzando en los últimos días, con la adopción por Estados Unidos de nuevas medidas económicas que buscan asfixiar a la Revolución Bolivariana y crear descontento e inestabilidad para provocar el derrocamiento del legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La administración norteamericana ha ido subiendo de tono sus amenazas y agresiones contra Caracas y por último, de manera unilateral decidió congelar los activos venezolanos en territorio estadounidense.

No es nueva la política hostil de Washington contra el país sudamericano, desde que Hugo Chávez llegara a la presidencia en 1999 y pusiera en marcha la revolución bolivariana, Venezuela se convirtió en un elemento molesto en América Latina y el Caribe para las ansías hegemonistas norteamericanas.

Libre y soberana, la voz del país sudamericano se comenzó a escuchar en los distintos foros internacionales para denunciar las injusticias del actual modelo económico internacional y condenar las agresiones estadounidenses contra otros pueblos.

Con Nicolás Maduro en la presidencia, la nación siguió su camino independiente y reforzando los programas sociales a favor de los sectores más vulnerables, al tiempo que en el ámbito internacional consolidaba otro tipo de relaciones, basadas en la solidaridad y cooperación desinteresada.

Se le escapaba el petróleo venezolano a Estados Unidos que ha recurrido a diversas acciones para promover la caída de la Revolución Bolivariana, desde incrementar su presencia militar en la zona con nuevas bases, hasta financiar y apoyar a una oposición que no le interesa vender el país al mejor postor, si con ello logra volver al poder.

Ya desde la presidencia de Barack Obama tendría Estados Unidos, con menos sutileza, enfilados los cañones contra Venezuela. En 2015 fue firmado un decreto presidencial que calificaba a esa nación como una amenaza para la seguridad nacional y que ha sido extendido por el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

En ese camino se han adoptado toda una serie de medidas que han llevado al robo de activos como los de la empresa petrolera CITGO, de la cual la estatal petrolera venezolana PDVSA es la mayor accionista y cortado cadenas de importación de alimentos, entre otras acciones unilaterales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha situado a Venezuela en el centro de su política hacia América Latina y no ha dejado desde su llegada a la Oficina Oval en enero de 2017 de imponer sanciones económicas, incentivar un golpe de estado, apoyar al autoproclamado presidente, Juan Guaidó, cada vez más desprestigiado, e intentado minimizar los esfuerzos del gobierno de Maduro por mantener un diálogo abierto y franco con la oposición para juntos solucionar los problemas del país.

No ha dejado Washington de buscar infructuosamente desde la OEA, Organización de Estados Americanos, una condena a Caracas y de promover encuentros internacionales para analizar lo que denomina la caótica situación venezolana.

Ese es el caso de la reunión en Perú a la que no ha sido invitada Venezuela y sin embargo, se aborda a sus espaldas los problemas del país, pero no se menciona para nada la fuerte incidencia que en los mismos ha tenido la política hostil estadounidense, con sus sanciones y apoyo a la derecha en su guerra económica contra el gobierno escogido en las urnas por la mayoría de los venezolanos.

Caracas ha denunciado las distintas acciones hostiles norteamericanas y calificó la orden ejecutiva de Trump para el congelamiento de los activos venezolanos de “nueva y grave agresión”, que viola completamente el derecho internacional y pone en peligro la vida de los venezolanos”.